La entidad sostiene que los nuevos acuerdos deben cumplir las normas de contratación estatal, mientras la organización indígena reclama diálogo y respeto por sus compromisos.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) advirtió que más de 9.600 niños y adolescentes podrían quedarse sin atención por las presuntas presiones e intimidaciones que, según la entidad, estaría ejerciendo el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para mantener las condiciones actuales de los contratos de aporte.
De acuerdo con el Instituto, la organización indígena exige que los nuevos contratos conserven las condiciones vigentes hasta el 31 de octubre para garantizar la continuidad de los servicios. Sin embargo, el Icbf sostiene que los acuerdos deben celebrarse bajo el estricto cumplimiento de las normas que rigen la contratación estatal.
La entidad reiteró que las decisiones relacionadas con los recursos públicos deben ajustarse a la ley y que ningún acuerdo particular puede justificar el incumplimiento de las disposiciones vigentes.
“El Instituto reitera que las decisiones de una entidad pública no se imponen mediante amenazas ni se negocian al margen de la ley. Esta administración tiene un compromiso irrenunciable: trabajar por, para y con los niños y adolescentes de Colombia, garantizando sus derechos con transparencia, equidad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos”, señaló el Icbf.
“Ningún acuerdo o condición particular puede justificar el desconocimiento de las normas vigentes”, añadió la institución.
🗞️ #NoticiasICBF | Más de 9.600 niños estarían en riesgo de atención por presuntas amenazas del CRIC al ICBF.
— Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) October 27, 2026
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Icbf insiste en el cumplimiento de la ley para renovar los contratos
Frente a esta situación, el Instituto aseguró que mantendrá abiertos los canales de diálogo y concertación, aunque dejó claro que no atenderá amenazas ni presiones de ningún tipo.
La entidad insistió en que la continuidad de los servicios dirigidos a la niñez y la adolescencia debe garantizarse dentro del marco jurídico vigente, sin desconocer las normas que regulan la contratación estatal.
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La advertencia pone sobre la mesa la preocupación por la atención de los más de 9.600 niños y adolescentes que, según el Icbf, podrían verse afectados en medio de las diferencias sobre las condiciones de los nuevos contratos.
Esto ha dicho el Cric sobre sus solicitudes al Icbf
Por su parte, el Consejo Regional Indígena del Cauca no se ha referido directamente a las presuntas presiones y amenazas señaladas por el Icbf. Sin embargo, la organización ha insistido en la necesidad de respetar los compromisos establecidos, así como la autonomía y el gobierno propio de los pueblos indígenas.
A través de sus redes sociales, el Cric manifestó su inconformidad ante lo que considera una falta de respuesta del nivel regional del Instituto a sus solicitudes de diálogo.
“Ante la falta de respuesta del nivel regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las solicitudes de diálogo, se exige una interlocución efectiva que permita atender las exigencias políticas y organizativas de las autoridades”, señaló la organización.
Mientras el Icbf insiste en que los nuevos contratos deben ajustarse a la ley, el Cric reclama una interlocución efectiva para atender sus solicitudes y defender los compromisos que considera establecidos.
