El Ministerio de Ambiente, según el juez, vulneró el derecho a la información de una de las líderes del Paro Minero.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga falló a favor de los pequeños mineros afectados por las medidas del Gobierno en Soto Norte, Santander. En su decisión, el juez ordenó a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, responder en menos de 48 horas a las solicitudes, inquietudes y problemáticas planteadas por esta comunidad, relacionadas con la aplicación de áreas de reserva temporal.
El juez consideró que el Ministerio de Ambiente vulneró el derecho a la información de los mineros, al no responder de fondo las preocupaciones expresadas durante la mesa de diálogo del pasado 5 de noviembre de 2024. La líder del Paro Minero y presidenta de Asomineros Vetas, Ivonne Consuelo González, presentó una tutela en la que señaló la falta de claridad en temas como la aplicación del Decreto 044 de 2024, los procesos de formalización minera y otros puntos críticos.
Según el fallo, las respuestas del Ministerio fueron “superficiales, generales y evasivas”, lo que afectó los derechos de los más de 35 mil pequeños mineros legales en la región. Por ello, el juez le dio al Ministerio un plazo máximo de un mes para recopilar y entregar toda la información solicitada.
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Pronunciamientos de la comunidad minera
“La decisión del juez confirma lo que hemos denunciado: el Ministerio de Ambiente nos da información incompleta e imposible de entender para la gente afectada. Esta medida inconsulta condena a nuestra región a la pobreza y al desplazamiento”, expresó González.
La líder minera también criticó la conducta del Gobierno, señalando que su enfoque contradice el Acuerdo de Escazú, que promueve la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental.
González subrayó que las respuestas tardías y superficiales del Ministerio no dan solución a las preocupaciones sobre la formalización minera ni a los impactos del Decreto 044 de 2024. “El Ministerio está acostumbrado a ignorar nuestras peticiones. No podemos aceptar decisiones que carecen de sustento técnico y jurídico, y que afectan nuestra actividad minera con más de 500 años de historia en la región”, añadió.
El juez exigió al Ministerio iniciar de inmediato los trámites administrativos para dar respuesta a las solicitudes de los mineros. González concluyó con un llamado a la seriedad y transparencia por parte del Gobierno: “Esperamos respuestas claras y precisas, no más omisiones ni politiquería. Necesitamos soluciones reales para nuestra minería legal”.
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Este fallo no solo respalda a la comunidad minera, sino que también coincide con observaciones de la Procuraduría General sobre la falta de claridad del Ministerio en temas críticos como la interpretación del artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales y la aplicación del Decreto 044.
Con esta decisión, se abre un nuevo capítulo en la lucha de los pequeños mineros por proteger sus derechos y garantizar la sostenibilidad de su actividad frente a las decisiones gubernamentales.
