Mineros y alcaldes de Santander denuncian a la Ministra de Ambiente por incumplir Acuerdo de Escazú

Alcaldes de Santander, asociaciones de pequeños mineros, campesinos, ambientalistas y líderes entregaron sociales señalan a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, de actuar en contra de lo establecido por el Acuerdo de Escazú.

Publicado por:Juan Carlos Gutiérrez

Ante el Comité Internacional de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, conformado por delegados de siete países América Latina y Norteamérica, los alcaldes de seis municipios de Santander de la provincia de Soto Norte, asociaciones sociales, campesinos y pequeños mineros denunciaron a la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, por la presunta violación y atentado contra los derechos a la información pública, la participación ciudadana de 35 mil personas, y otras disposiciones del Acuerdo de Escazú, aprobado como norma en Colombia a través de la Ley 2273 de 2022.

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Lo más inaudito, según los denunciantes en Santander, es que justamente la ministra Muhamad fue una de las abanderadas del Acuerdo de Escazú tanto en su época de activismo político y ambiental, como ahora que es representante del Gobierno Nacional.

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Según la denuncia, la jefe de la cartera ministerial de Ambiente ha actuado en contra de lo establecido en el tratado internacional al dilatar sistemáticamente procesos como la delimitación del Páramo de Santurbán y por eso afronta un proceso de desacato a una sentencia de la Corte Constitucional. La acusación contra la funcionaria también levanta una alarma sobre su anuncio de crear una zona de reserva temporal en Soto Norte, con el objeto de prohibir la minería, lo que en la práctica se extenderá a la agricultura, la ganadería, la construcción, y todas las actividades productivas como ya está pasando en regiones como Antioquia.

Por eso, en el marco del Congreso Nacional de Minería celebrado en Cartagena, y ante delegados de Chile, Uruguay, Granada, Costa Rica, Argentina, Jamaica y Panamá, los alcaldes de California, Suratá, Vetas, Matanza, Charta y Tona, asociaciones de pequeños mineros de la Provincia de Soto Norte y comunidad en general, *pidieron un seguimiento estricto a las decisiones y actuaciones de la Ministra Muhamad y toda su cartera de Ambiente, por las determinaciones que se están tomando y que atentan contra lo establecido en el Acuerdo de Escazú y en la Constitución Nacional.

Además, pidieron un proceso participativo, transparente y deliberativo, así como acceso a la documentación, y la definición de mesas previas de concertación donde estén las comunidades directamente afectadas, para que puedan conocer exactamente los alcances y el impacto de las zonas de reserva ambiental.

Igualmente, pidieron que se respete el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, que, si bien ya está finalizado en 7 de 40 municipios de Santander, la ministra lo estaría desconociendo a tal punto de dilatar un ejercicio que lleva más de siete años ‘en vilo’, dejando claro y con total evidencia su desinterés por cumplir el mandato judicial que exigen se concluya de la manera adecuada.

Los minertos afirman que “los santandereanos, especialmente los habitantes de Soto Norte, solicitaron urgentemente al Comité Internacional de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú su apoyo para exigirle al Gobierno Nacional, especialmente a la Ministra de Ambiente, que respeten los principios de acceso a la información y participación ciudadana, y la creación de mesas de concertación antes de la imposición de reservas temporales arbitrarias”.

Por ahora, el Ministerio de Ambiente no se ha pronunciado al respecto. Vanguardia.com se comunicó con la cartera ministerial a la espera de una respuesta oficial.

El 76,1 % de la actividad minera para la extracción de oro y plata en la provincia de Soto Norte, en Santander, quedaría congelada por cinco años, prorrogables por el mismo periodo. ¿De dónde sale esta cifra?

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad González, en entrevista con Vanguardia, explicó que de las 24.300 hectáreas de Soto Norte que tienen títulos mineros vigentes o solicitudes de títulos mineros, 18.500 hectáreas están en zonas con determinantes ambientales, es decir, áreas protegidas porque se tratarían de ecosistemas de importancia ambiental o cuentan con valores de conservación de recursos hídricos que surten acueductos.

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Además, la jefa de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible aseguró en Vanguardia que se registraron inconsistencias en la delimitación del Páramo de Santurbán del municipio de Vetas, que terminarían favoreciendo 12 títulos mineros de empresas canadienses para operar en el Páramo de Santurbán.

La Ministra de Ambiente defiende la declaración de zonas de reserva temporal en Santander, mientras los mineros señalan que tal decisión pone en riesgo la estabilidad jurídica de su sector y el sostenimiento de unos 1.300 mineros, que en la actualidad subsisten de la minería informal en el territorio. “Nos quedaríamos sin trabajo”, denuncian.

Así lo acaba de expresar el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus. “Explotar el oro es el fin de la presencia de integrantes del Clan del Golfo en zona del Páramo de Santurbán”, dijo el mandatario de Santander.

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No es la primera vez que el Gobernador de Santander se refiere a esta presunta incursión armada en la región, semanas atrás el mandatario regional advirtió sobre la presencia de unos 50 hombres, identificados como ‘Los Paisas’, que habrían llegado provenientes presuntamente de Antioquia, motivados por la explotación ilegal de oro que se realiza en la zona, especialmente en el Páramo de Santurbán, luego de que la multinacional canadiense Eco Oro abandonara el proyecto en esta zona de Santander.

En mayo pasado Vanguardia denunció que motivos de tensión sobran en el Páramo de Santurbán. Una sensación de intranquilidad se expande en las más de 4.000 hectáreas de terreno rocoso donde grupos de mineros ilegales (la mitad foráneos) extraen oro y plata a costa de contaminar ríos con mercurio y cianuro. Esa misma zozobra la perciben quienes alimentan en la región el mercado ilegal de dinamita y mercurio. Ese que se abastece desde Bucaramanga, y se utiliza para separar oro, plata y roca, dejando toneladas de relaves (residuos de roca y arena) contaminados altamente dañinos para la salud. No son nuevos los reportes de este metal tóxico en la bocatoma del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

En noviembre pasado, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó el acuerdo de Escazú que fortalece la protección a defensores ambientales, así como de pueblos étnicos y contribuye a la prevención de conflictos sociales y ambientales.

Entre las prioridades que tendrá el Acuerdo de Escazú está garantizar el acceso a la información y a la justicia ambiental, así como la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones del sector.

“Esta es una ley vital para la ciudadanía de Colombia y lo hemos hecho en un trabajo conjunto entre el Congreso, el Gobierno y la ciudadanía. El cambio político trajo un cambio que no se había podido hacer en tres años y es la ratificación del Acuerdo de Escazú”, resaltó Susana Muhamad.

La alcaldesa de Vetas, Angélica María García Rodríguez, rechazó las reuniones, como la llevada a cabo el pasado 14 de agosto de 2024, en Bogotá, presidida por la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y a la que solo asistieron activistas, ambientalistas y miembros del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán.

La funcionaria alertó que “esta no es la primera vez que se denuncia este tipo de actuaciones, que causan un intenso malestar entre los vetanos y, en general, en los habitantes de la Provincia de Soto Norte, porque como lo han expresado en repetidas ocasiones, estos activistas, ambientalistas y miembros del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán no representan sus verdaderos intereses; por el contrario, lo que han logrado con el paso del tiempo es una estigmatización de la población minera, un rechazo total a ser escuchados por el Gobierno Nacional y ralentizar el proceso de delimitación del Páramo”.

García Rodríguez aseguró que los participantes de la mencionada reunión se identificaron como “campesinos” del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, lo cual es falso. “Ellos no representan a los verdaderos campesinos de Vetas. Esas personas son residentes de la ciudad de Bucaramanga y han llevado a cabo una campaña sistemática contra la minería y los habitantes de la región”.

Por otra parte, la alcaldesa subrayó que los intereses y decisiones que afectan al municipio de Vetas deben ser gestionados exclusivamente por sus propios habitantes y autoridades, sin interferencias externas. En este sentido, criticó la falta de transparencia de las reuniones realizadas sin la participación de las autoridades locales y sin escuchar la voz de la comunidad. Definir el futuro de una población de más de 35.000 habitantes en una reunión a puerta cerrada y sin escuchar los puntos de vista de la comunidad directamente involucrada viola los derechos a la participación ciudadana,reconocido en la Sentencia T-361 de 2017.

Además reconoció “que la desconfianza hacia el Gobierno Nacional, especialmente hacia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ha profundizado debido a la realización de este tipo de encuentros “secretos”, ya que son acciones que desvanecen la poca confianza que aún queda en las instituciones oficial; incluso, se torna aún más preocupante la situación, si se tiene en cuenta que la misma jefe de la cartera ambiental ha señalado que los acuerdos de delimitación deberán ser concertados con habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana, quienes terminan siendo representados usurpadamente por el Comité, un grupo que ha estigmatizado, atacado y violentado a la comunidad, pero que también ha perdido su credibilidad por terminar convertido en una plataforma politiquera”.