Denuncian “graves irregularidades” por parte del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, que afectan la atención a la población vulnerable en los diferentes centros geriátricos de Bucaramanga y de Santander.
La Asociación Santandereana de Centros de Bienestar del Adulto Mayor, ASCBAM, encendió las alarmas por lo que califica como “graves irregularidades administrativas” en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, las cuales han impedido la adecuada ejecución de los subsidios del programa Colombia Mayor en su modalidad indirecta.
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Según la denuncia, durante las vigencias fiscales de 2022, 2023, 2024 y lo que va de 2025, los Centros de Protección del Adulto Mayor en Santander y en otras regiones del país no han recibido a tiempo los recursos correspondientes a los convenios firmados con el DPS.
“A pesar de múltiples gestiones legales -incluyendo derechos de petición, tutelas, acciones de cumplimiento y constituciones en renuencia- los trámites contractuales no se han concretado, dejando a cientos de beneficiarios sin el subsidio al que tienen derecho”, afirmaron los voceros de la asociación.
“Estamos atravesando una crisis económica crítica. Los recursos que deberían haber llegado mediante los convenios no solo se entregan tarde, sino que, en muchos casos, no se reconocen de forma retroactiva, afectando la atención continua a los adultos mayores”, indicaron los voceros de ASCBAM.
Las cifras son preocupantes: en 2022 hubo tres meses sin convenio ni recursos; en 2023, fueron cuatro meses; en 2024, la situación empeoró con ocho meses sin ejecución; y en lo que va de 2025, ya se acumulan cinco meses sin recursos asignados.
A pesar de que muchos adultos mayores siguen registrados como beneficiarios activos del programa, el subsidio no ha sido entregado.
La asociación denuncia que se estarían vulnerando derechos adquiridos sin justificación legal, en contravía de lo dispuesto por el artículo 2.2.14.1.28 del Decreto 1833 de 2016, que regula las causales de exclusión del programa.
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La falta de apoyo estatal y la incertidumbre frente a las fechas de suscripción de convenios han generado un panorama desolador en los centros de bienestar.
“Lanzamos un S.O.S. a las autoridades y a la ciudadanía. Estas demoras no son solo administrativas; están poniendo en riesgo derechos fundamentales como el derecho a una vida digna, la igualdad, la protección especial al adulto mayor y el principio de confianza legítima”, expresó ASCBAM en su comunicado.
La asociación exige una solución definitiva a una problemática que -según recalcan- se ha venido agravando sin mayor atención ni visibilización pública, comprometiendo la estabilidad de los centros de atención y la calidad de vida de los adultos mayores más vulnerables del país.
