El análisis de los resultados de un sondeo, aplicado el pasado miércoles en Bucaramanga, ‘puso el dedo en la llaga’ de los principales problemas que se presentan en el servicio farmacéutico de esta ciudad. Veamos:
Doña Filomena Quintero, una mujer de 64 años que padece hipertensión, ha vivido un viacrucis adicional a su enfermedad con la entrega de medicamentos.
“Fui a la sede farmacéutica correspondiente, con la fórmula autorizada, pero me dijeron que no podían entregarme dos de los medicamentos porque la EPS no había dado el visto bueno final. Me mandaron a otra sede, y allá me dijeron lo mismo. Llevo un mes esperando y, mientras tanto, compro lo que puedo en una farmacia particular, gastando lo que no tengo”, contó.
Ella es una de las 682 personas entrevistadas el pasado 6 de agosto, en puntos de gestores farmacéuticos de Bucaramanga, con el fin de comprobar qué tan efectiva es la asistencia a la comunidad.
Para nadie es un secreto que en Bucaramanga se presenta escasez en medicamentos para enfermedades cardiológicas, hipertensivas y respiratorias. Los resultados de una encuesta ratifican esa verdad y otras más.
Tal encuesta confirmó lo que muchos usuarios y demás pacientes ya venían advirtiendo: el acceso a medicamentos en la ciudad sigue marcado por escasez, demoras, traslados y trámites innecesarios, además de fórmulas incompletas.
La medición, aplicada por la Veeduría Ciudadana junto con la Contraloría, la Secretaría de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, entrevistó personalmente a usuarios que buscaban reclamar sus medicamentos ese miércoles, 6 de agosto. El ejercicio tuvo como objetivo obtener información directa sobre tiempos de espera, disponibilidad de fórmulas, autorizaciones y trato al usuario.
Resultados preocupantes
Los datos hablan por sí solos: el 43 % de los entrevistados tuvo que acudir a más de una sede para reclamar sus fórmulas, mientras que el 48 % recibió la entrega de manera incompleta.
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De manera adicional, el 4 % sufrió errores en la autorización de la EPS y un preocupante 8 % nunca obtuvo la autorización para retirar sus medicamentos. A lo anterior se suma que el 53 % de los encuestados tenía pendientes de fórmulas anteriores, lo que agrava el panorama para pacientes con tratamientos prolongados.
La encuesta también mostró que el 54 % de los usuarios requirió autorización previa y que el 63 % de las fórmulas eran para personas mayores de 60 años, un grupo especialmente vulnerable que enfrenta un doble desafío: su estado de salud y las barreras administrativas.
Aunque el 71 % consideró adecuada la infraestructura para personas con discapacidad, las demoras y los traslados entre sedes siguen siendo una constante.
Y en cuanto a la afiliación, el 43% de los encuestados pertenece a Nueva EPS y el 26 % a Sanitas, dos de las entidades más señaladas por los usuarios en relación con demoras y trámites excesivos. El resto se distribuye entre otras EPS.
Voz oficial
La secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga, Claudia Mercedes Amaya Ayala, confirmó que se emitió una circular solicitando a los gestores farmacéuticos información oficial, con el fin de contrastar datos: “Estos resultados se cruzarán con los reportes de las empresas para identificar coincidencias y discrepancias, y así poder exigir correctivos”, afirmó.
Por su parte, la Veeduría Ciudadana anunció que el análisis completo será entregado a las autoridades competentes para impulsar acciones que garanticen un servicio farmacéutico oportuno, eficiente y digno. “No se trata solo de infraestructura; se trata de que los pacientes reciban sus medicamentos sin pasar por un viacrucis”, señalaron.
Mientras tanto, la encuesta dejó en claro que, más allá de los números, detrás de cada porcentaje hay rostros y vidas que dependen de un sistema que, en teoría, debería protegerlos, pero que todavía les pone obstáculos en el camino.
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