Aunque cientos de millones de pesos ya están disponibles en una cuenta, las familias afectadas denuncian que aún no reciben un solo peso como indemnización por los graves daños que sufrieron sus viviendas.
El sueño de tener un techo propio prácticamente se convirtió en una pesadilla. Grietas que atraviesan de lado a lado sus viviendas, así como hundimientos e inclinaciones en las edificaciones, son parte de los perjuicios alertados por decenas de familias que residen en el barrio Bosquecitos, en Girón.
Desde hace más de una década un grupo numeroso de familias inició una lucha jurídica por la defensa de su patrimonio. Las casas que les vendieron literalmente se resquebrajaron y sufrieron graves daños, sin ningún motivo aparente.
A partir de 2010 los vecinos de Bosquecitos comenzaron a denunciar la aparición de fisuras, que con el paso del tiempo se profundizaron y extendieron por sus casas. Ellos acudieron ante la justicia para exigir la indemnización que por ley les corresponde. Lea también: En Bosquecitos exigen soluciones para sus casas
Sin embargo, a pesar de que ya transcurrieron más de quince años, que la justicia falló en favor de los afectados y que están disponibles cerca de $1.500 millones en una cuenta, estos damnificados aún no reciben la reparación económica a la cual tienen derecho.
Familias de Bosquecitos en Girón protestaron ante la Defensoría del Pueblo
Indignados y desesperados por la no entrega de estos recursos, decenas de ciudadanos llevaron a cabo un plantón pacífico el pasado martes, en las afueras de la sede Regional de la Defensoría del Pueblo, en Bucaramanga. Le sugerimos: Familia perdió su casa y negocio en voraz incendio en el norte de Bucaramanga
Víctor Daniel Villamizar, apoderado judicial de las víctimas, denunció que esta protesta se convocó con el fin de “reclamar y exigir que la Defensoría del Pueblo desembolse a las 107 familias afectadas $1.500 millones que tiene en su poder, desde el 30 de mayo pasado. Este dinero fue depositado a la defensoría por la Alcaldía de Girón, en cumplimiento de una sentencia judicial”.
En marzo de 2020 el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Bucaramanga falló en favor de la comunidad, y condenó al Municipio. Esta decisión quedó en firme en agosto de 2023, en segunda instancia, por parte del Tribunal Administrativo de Santander.
De acuerdo con lo indicado por el abogado, en cumplimiento de esta sentencia judicial la Alcaldía de Girón consignó en el primer semestre de 2025 los $1.500 millones en mención. Desde entonces se pide a la defensoría la entrega del dinero.
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“Ya han transcurrido más de seis meses y la Defensoría del Pueblo no da señales de querer hacer los pagos de la indemnización. Esta renuencia por parte de la defensoría en cumplir un deber legal no tiene ninguna justificación razonable ni legal”, señaló el apoderado de las víctimas.
Luis Alberto Segura, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Bosquecitos, manifestó que “esta demora nos tiene muy afectados porque la plata que esperamos es justamente para contratar los arreglos que se necesitan en las viviendas. Hubo negligencia de la administración municipal, al otorgar permisos a una constructora que hizo las cosas muy mal”.
¿Qué responde la Defensoría del Pueblo?
Jesualdo Arzuaga, defensor Regional del Pueblo en Santander, de entrada dejó en claro que “la defensoría administra el Fondo de Derechos e Intereses Colectivos, a nivel nacional. Efectivamente la Alcaldía de Girón consignó este dinero ($1.500 millones), desde mayo pasado. Es un fondo que administra cerca de 1,3 billones de pesos en el país. Esto depende de la Dirección de Recursos de Acciones Oficiales, en Bogotá. Nosotros nos enteramos de este caso en octubre pasado, y desde entonces me puse al frente del mismo. Hemos efectuado diversas reuniones con la comunidad”.
Conforme con lo precisado, en total son cerca de 7.000 millones los que se deben entregar a este centenar de familias afectadas en Girón. Son cerca de cinco giros de dinero en su totalidad los que espera la comunidad.
“El dinero se consignó, pero existen una serie de pasos y trámites internos por parte de la defensoría. Por ejemplo, se debe realizar un ejercicio de indexación. También se debe identificar plenamente a los beneficiarios, si existen fallecimientos y legítimos reclamantes, en fin. La defensoría debe entregar este dinero de la manera más responsable. La demora, básicamente, es por tema de trámites”, explicó el funcionario.
Arzuaga aseguró que este desembolso de recursos ya está cerca de concretarse y prometió que “el pago se dividirá en dos montos, uno por cerca de $1.230 millones y otro por cerca de $270 millones. Estas resoluciones se deben expedir por parte de la Secretaría General de la Defensoría del Pueblo, y ahí sí se realizaría el pago. Esperamos tener este acto administrativo, más o meno, en diez días. Comprendemos el malestar de las comunidades, y las acompañaremos hasta que se logre este pago”.
