Una de las obras que más reclama la comunidad y que aparece en el proyecto que sustenta la iniciativa del empréstito que hoy se debate en el Concejo es la construcción de un intercambiador vial en la calle 45 con carrera 9. ¿Qué otras ejecuciones se contemplan en la iniciativa?
Bajo la lupa ciudadana amanece hoy la iniciativa que propone autorizar al municipio a contraer una deuda por $538.611 millones. Se trata de una cifra sin precedentes recientes que, de aprobarse, comprometería las finanzas públicas de la ciudad hasta el año 2040.
De acuerdo con el documento oficial, más del 78 % de los recursos —equivalentes a $423.239 millones— se destinarían a la construcción de la Troncal Norte–Sur, específicamente a la ampliación de la carrera 2W entre el barrio Mutis y el sector del Mercado Campesino de Real de Minas. Este corredor vial es uno de los puntos más críticos de movilidad en la ciudad, donde el tránsito en horas pico se vuelve prácticamente inviable.
El proyecto también contempla la construcción de un intercambiador vial en la calle 45 con carrera 9, así como la implementación de un sistema de semaforización inteligente. Este último, aunque necesario, genera interrogantes por su costo: $115 mil millones. La ciudadanía se pregunta si este valor corresponde realmente a la solución tecnológica planteada y qué tipo de tecnología se implementará.
Vanguardia consultó la opinión sobre el empréstito con líderes y representantes de los barrios directamente impactados por las obras proyectadas. En particular, se recogieron las voces de quienes representan a las Comunas 5, 15, 16 y 17, sectores que incluyen barrios como Mutis, Gómez Niño, el Centro y Chorreras de Don Juan, donde se concentran varias de las intervenciones planteadas y, por tanto, buena parte de las inquietudes ciudadanas frente al alcance de estos proyectos.
Más allá de la magnitud de la inversión, la principal inquietud no es cuánto se va a gastar, sino qué tan preparados están los proyectos para ejecutarse sin poner en riesgo los recursos públicos.
Para Henry Anaya, edil de la Comuna 5, “uno de los vacíos más evidentes está en la ampliación de la 2W. No se menciona la afectación a predios ubicados en zonas de Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI). No hay claridad sobre si se levantará esta afectación ni sobre posibles compensaciones ambientales”.
A esto se suma la falta de claridad sobre aspectos técnicos clave. No se explica cómo, en ausencia de licenciamiento ambiental, se afirma que existen estudios en fase 3. Tampoco se detallan los costos de interventoría ni su fuente de financiación, lo que abre la puerta a posibles adiciones presupuestales.
Sobre el intercambiador de la calle 45 con carrera novena, Anaya advierte que “no se hace referencia a la compra de predios, pese a que el desarrollo de esta obra requeriría la adquisición de varios de ellos”, lo que deja en el aire si ha existido algún proceso de socialización con los propietarios.
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El análisis técnico del proyecto refuerza estas preocupaciones. Según la comunidad, las obras no cuentan con diseños definitivos ni con ingeniería de detalle que permita establecer costos reales. El propio documento reconoce que los estudios existentes datan de 2008 y no pueden considerarse definitivos, ubicando las iniciativas en etapa de preinversión. En términos de contratación pública, esto implica un alto nivel de incertidumbre.
Jaime Andrés Tovar Quintero, otro de los ediles, advierte que “en un escenario donde cada peso público cuenta, el debate no gira únicamente en torno a la necesidad de inversión —que es evidente—, sino a la conveniencia de asumir un riesgo financiero de gran escala sin contar con todas las certezas técnicas”.
Por su parte, Karen Daniela Peláez Garavito, edil de la Comuna 16, enfatiza el papel de la ciudadanía en este proceso: “El control social es fundamental. La transparencia, el acceso a información completa y un debate técnico riguroso son indispensables para evitar que una decisión de esta magnitud termine convirtiéndose en una carga insostenible”.
Y añade: “La ciudad necesita inversión, pero no a cualquier costo ni bajo cualquier condición”.
Una de las posturas más críticas es la de Jhon Castillo Díaz, edil de la comuna Centro, otra de las zonas que cobija la iniciativa que hoy se debate en el Cabildo.
Su opinión resume el sentir de varios sectores de la capital santandereana: “¡Qué si la ciudad necesita obras... Claro que sí! pero se requiere que los proyectos estén más estructurados”.
Y añade: “No sabemos el valor real de las obras planteadas. Están sobre estimativos y no hay planos a detalle. Igualmente, no se ha socializado con los dueños de los predios de la calle 45 y de la carrera novena sobre el mecanismo de compra de los inmuebles o expropiación. Los propietarios dicen que no tienen conocimiento al respecto”.
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Una decisión de fondo
Más allá de ser una autorización de crédito, el Proyecto de Acuerdo 011 de 2026 representa una decisión estructural que marcaría el rumbo financiero de Bucaramanga durante las próximas décadas.
En ese contexto, la ciudadanía insiste en la necesidad de fortalecer el control social, garantizar la transparencia y promover un debate técnico riguroso.
La conclusión que emerge desde distintos sectores es clara: Bucaramanga necesita inversión, pero con proyectos bien estructurados, información completa y garantías de que los recursos públicos serán utilizados de manera eficiente y responsable.
