Casos como el del cementerio, que pasó de tener un uso de “servicios especiales” a uso “agrícola”, son denunciados por parte de la Veeduría Unidos por un Catastro Justo Chipatá. El Igac en Santander informó que se conformará una mesa técnica para revisar en detalle esta situación.
Predios con incrementos mayores al 80.000 %, inmuebles en los que funcionan colegios públicos y cuyo uso pasó a ser habitacional, así como propiedades ubicadas en perímetro urbano y que ahora figuran con uso agropecuario, forman parte de las inconsistencias y “graves fallas” que se denuncian en la actualización catastral realizada en el municipio de Chipatá, Santander.
Autoridades locales, líderes cívicos, comerciantes y residentes en Chipatá alertan serias afectaciones, como incrementos desproporcionados en el Impuesto Predial y la imposibilidad de hacer trámites con sus propiedades, a raíz de los ajustes que recientemente se realizaron en medio de este proceso de actualización de los predios en la localidad.
Ante la creciente indignación entre los chipateños y la falta de respuestas de fondo por parte de las autoridades competentes, especialmente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac Territorial Santander, la ciudadanía conformó Veeduría Unidos por un Catastro Justo Chipatá, a través de la cual se emprendieron diversas acciones legales y jurídicas. Lea también: Gobernador de Santander pide al presidente de La Espriella la revisión de la actualización catastral
Ante las solicitudes formales elevadas por los afectados, la Dirección Territorial del Igac en Santander respondió a Vanguardia que a partir de la presente semana se conformarán mesas técnicas con diferentes expertos de la entidad, con el fin de revisar y estudiar en detalle cada incongruencia expuesta por la comunidad chipateña.
Críticas en la actualización de más de 4.000 predios en Chipatá
Por medio de dicha organización ciudadana, de la cual forman parte autoridades como la Alcaldesa Jenny Patricia Mora Franco, al igual que representantes del Concejo, Personería, Asociación de Juntas Comunales y hasta el párroco de Chipatá, John Pedro Vaquero, los chipateños alertan sobre errores en la actualización de más de 4.000 predios (ver tabla).
Raúl Buitrago, abogado de la Veeduría Unidos por un Catastro Justo Chipatá, denunció a Vanguardia que “detectamos casos absurdos, como el de un supuesto edificio de 14 pisos, algo inexistente porque en el municipio no hay edificaciones de más de tres pisos. Por medio de las solicitudes radicadas ante el Igac logramos demostrar de forma técnica estas inconsistencias, que giran en torno a siete ejes de impugnación”.
Argumentos como la presunta nulidad absoluta sobre la metodología implementada por el Igac, asimetría de valoraciones, contradicciones e inconsistencias en la memoria técnica, desconfiguración de linderos, predios con avalúos en cero, cambios de uso que no corresponden, propiedades con uso industrial inexistentes, terrenos presuntamente baldíos, entre otras alertas, sustentan estas reclamaciones ciudadanas.
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Juan Manuel Álvarez, abogado experto en urbanismo, tierras y ordenamiento territorial, señaló a Vanguardia sobre esta situación en Chipatá que “se evidenció que más de 4.000 avalúos quedaron mal. El Igac fijó como valor base en predios rurales $50 millones de pesos la hectárea, y en lo urbano a $500 mil el metro cuadrado, lo cual es completamente lejano a la realidad. También se evidenciaron errores en la medición de áreas y linderos. Es decir, ni los avalúos y tampoco las áreas concuerdan con la realidad”.
“Se violó el esquema de ordenamiento territorial” en Chipatá
Entre los casos identificados y aportados como material probatorio en este proceso de reclamación, llama la atención el del Coliseo Municipal, que anteriormente tenía uso educativo y tras la actualización realizada cambió a uso habitacional. Su valor también se disparó: pasó de tener un avalúo de $118 millones en 2025 a $2.173 millones en 2026.
Yadira Blanco, miembro de la Veeduría Por Un Catastro Justo Chipatá 2026, manifestó que “se cometieron graves inconsistencias, como en el caso del cementerio, que ya no es de uso público y ahora es un predio de uso agrícola. Igualmente ocurre con varias escuelas que ya no son de uso educativo, sino ahora son de uso habitacional y comercial. Esto es un claro ejemplo de las fallas cometidas con esta actualización”.
Por parte de dicha organización ciudadana se indicó que fueron radicadas dos solicitudes formales ante el Igac Santander, la primera el 21 de septiembre y la segunda el 14 de octubre pasados, con el objetivo de que se suspenda la implementación de dicha actualización en Chipatá, y se lleve a cabo la revisión técnica de las Resoluciones N° 538 y 547 de 2025. A pesar de tales peticiones, hasta la fecha la comunidad no obtiene respuestas de fondo.
“Al 99 % de los predios le cambiaron el área y los linderos, por lo cual ninguna persona puede hacer trámite en notaría sin previamente hacer un estudio topográfico. En este momento ninguna persona puede hacer trámites de sucesión o venta, sin estudio de topografía y reclamación ante el Igac. También nos preocupa que figuran 208 predios como baldíos y lo que pueda suceder con esos terrenos. Se violó el esquema de ordenamiento territorial con esta actualización, porque el 25 % de los predios del casco urbano quedaron con uso agrícola, algo inadecuado”, agregó Blanco.
Cabe informar que el pasado 19 de octubre, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, elevó una petición formal ante el presidente de la República y diferentes funcionarios del Gobierno nacional, con el fin de que se revise la actualización catastral implementada en cerca de 40 municipios santandereanos, donde se han impulsado reclamos, demandas y protestas.
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¿Qué responde el Igac sobre la situación de Chipatá?
José Henry Ascanio Manzano, director Territorial (encargado) del Igac en Santander, indicó a Vanguardia que “en una primera instancia dimos respuestas a la veeduría, sobre la realización de una mesa técnica. En razón a esto estamos citando para este martes (10 de noviembre), en la tarde, el inicio de esta mesa técnica. Es un documento (la reclamación), bastante grande y tenemos que dedicarle un buen tiempo, tanto en lo técnico como en lo jurídico, para entregar respuestas de fondo”.
El funcionario resaltó que este caso se aborda con todo el rigor por parte del Igac Santander, con el objetivo de generar claridad en el proceso, identificar y subsanar las presuntas fallas señaladas, y avanzar en la implementación de las actualizaciones que requiere el territorio chipateño en términos de catastro.
“Esta mesa técnica estará conformada por funcionarios de la territorial del Igac, de manera que luego entregaremos una respuesta técnica a la petición radicada. En caso de que la veeduría requiera reuniones posteriores, también estaremos atentos a coordinar estos espacios, al igual que con la administración municipal. Tenemos disposición al 100 % para atender a nuestros usuarios y ciudadanía”, agregó Ascanio Manzano.
