¿Qué está pasando con la delimitación del Páramo de Santurbán? En Neomundo (Bucaramanga), el Ministerio de Ambiente reactivó las mesas de diálogo con mineros de Soto Norte y ambientalistas en una jornada marcada por la tensión. Conozca los detalles de este proceso ordenado por la Corte Constitucional y el impacto de la minería ilegal en Santander.
Con interrupciones y un ambiente de alta tensión, este sábado se abrió la mesa de concertación convocada por el Ministerio de Ambiente para avanzar en la delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, un proceso ordenado por la Corte Constitucional desde 2017. El encuentro se lleva a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones Neomundo de Bucaramanga.
#Atención 🚨 Se registran desórdenes durante la instalación de la mesa de concertación para la delimitación del páramo de Santurbán, en Bucaramanga pic.twitter.com/3M36YGkLFF
— Vanguardia (@vanguardiacom) July 4, 2026
La mesa de diálogo hace parte de la cuarta fase del proceso de delimitación del complejo de páramos y, según el Ministerio de Ambiente, busca construir consensos entre autoridades, comunidades y demás sectores involucrados sobre los usos permitidos dentro del ecosistema y las medidas para garantizar su conservación. Según cifras oficiales, de los 40 municipios vinculados al proceso, 19 ya han alcanzado acuerdos, mientras continúan las jornadas de concertación en los territorios restantes.
A la cita asistieron tanto líderes de los mineros de Soto Norte, quienes cuestionan la nueva mesa de concertación convocada por el Ministerio de Ambiente para avanzar en la delimitación del páramo de Santurbán y advirtieron que el gobierno de Petro presuntamente estaría intentando acelerar el proceso en la recta final de su administración, desconociendo acuerdos construidos previamente con las comunidades. Los mineros pidieron el acompañamiento de entidades como la Procuraduría General de la Nación en busca de garantizar que no se desconozcan los acuerdos alcanzados en municipios mineros durante los últimos años en Santander.
Un estudio de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), de 2024, entidad encargada de apoyar la lucha contra el lavado de activos, determinó que la minería ilegal en Soto Norte, Santander, generaría utilidades mensuales cercanas a los $26 mil millones.
La comunidad de Soto Norte denunció que: “Aunque se trata de un evento de carácter público, alertamos que se nos ha impedido el ingreso y la participación efectiva”. Además, advierten la ausencia de organismos de control como la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. “Reportamos agresiones e intimidaciones contra los pequeños mineros y campesinos que buscan participar en la jornada”.
Por su parte, acudieron integrantes del Comité del Páramo de Santurbán, un colectivo social y político de Santander, que se oponen a cualquier proceso que permita la minería en la provincia de Soto Norte. En sus redes sociales denunciaron que el Páramo de Santurbán “no se puede dejar explotar ni por ilegales, ni por multinacionales. La avaricia por el oro de unos pocos no puede estar por encima del agua de más de dos millones de personas. Cualquier proyecto minero por encima de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga es inviable y ya numerosos estudios técnicos lo han demostrado. Nos espera la movilización pacífica y las acciones jurídicas para impedir el peor desastre ambiental, social y económico para Colombia”.
¿Cuál es la posición del presidente electo Aberlardo De La Espriella?
En medio del debate sobre la delimitación del páramo, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha manifestado que cualquier decisión sobre la minería en Santurbán deberá estar sustentada en criterios técnicos y en el estricto cumplimiento de la legislación ambiental.
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En una entrevista concedida a Vanguardia, aseguró que respaldará la explotación minera únicamente en las áreas donde los estudios científicos determinen que es viable, mientras que las zonas que deban ser protegidas permanecerán intocables. “En lo que tiene que ver con el páramo de Santurbán me limito a lo técnico. Si lo técnico nos dice que lo podemos hacer a partir de un punto, así se hará. Lo que se pueda explotar lo vamos a explotar; lo que es santuario lo vamos a respetar”, afirmó.
El mandatario electo también advirtió que la falta de una política clara sobre Santurbán ha favorecido el crecimiento de la minería ilegal, la cual, según dijo, termina generando mayores impactos ambientales que una actividad formal sometida a controles. “Como no se ha podido hacer una cosa ni la otra, ahí están los ilegales contaminando el santuario. Yo estoy de acuerdo en proteger el páramo, que no solo es patrimonio de los santandereanos, sino que también es patrimonio del país. Que el informe técnico nos diga cómo se puede hacer, y así se hará, con respeto absoluto por la norma ambiental. Como no hay una política clara frente a Santurbán, entonces los ilegales hacen lo que les da la gana y terminan contaminando más que una empresa que vaya con toda la verificación y la seriedad a hacer lo propio”.
Asimismo, planteó que los campesinos y habitantes que no puedan continuar desarrollando sus actividades por las restricciones derivadas de la delimitación deberán recibir alternativas por parte del Estado, mediante procesos de concertación que incluyan opciones de reubicación, acceso a otras tierras o mecanismos que les permitan mantener su sustento. “Al campesino que no pueda usar su tierra le podemos dar soluciones. Hay que resolverles, esto no es de carreta, no los vamos a dejar tirados”, sostuvo.
Sanción a la ministra de Ambiente
Cabe recordar que el Tribunal Administrativo de Santander sancionó por desacato a la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, por incumplir los cronogramas fijados para avanzar en la delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín. La decisión impuso una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales y respondió al incumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017.
Para Ivonne González, aunque la sanción constituye un precedente importante, resulta insuficiente frente a los nueve años de retraso que acumula el proceso. A su juicio, la presión judicial estaría llevando al Ministerio de Ambiente a intentar concluir en pocas semanas una tarea que permaneció estancada. “Son cinco salarios mínimos que no creo que le duela mucho, pero por lo menos ya hay un precedente. Por ese lado lo vemos muy bien, porque han pasado dos gobiernos con muchos cambios de ministros que no hicieron nada”.
En el papel, prohibición de la minería en Soto Norte; en realidad, ilegalidad
En marzo de 2025, el Ministerio de Ambiente suspendió, por dos años, en 75.000 hectáreas de la provincia de Soto Norte, en Santander, incluida Bucaramanga, la minería de extracción de oro y plata. Así lo anunció el Ministerio de Ambiente con la publicación de la Resolución número 0221. Cabe advertir que esta determinación podrá ser prorrogable por dos años más.
De esta área, 23.929 hectáreas, que corresponden al 31,5 % de la zona de reserva temporal, incluyen 57 títulos mineros de pequeña, mediana y gran minería, de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería.
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La declaración de las zonas de reserva natural temporal en Santander fue firmada por la entonces ministra de Ambiente, María Susana Muhamad González.
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Los municipios que integrarán esta zona de reserva temporal son Matanza (22.659 hectáreas), Suratá (25.871 hectáreas), California (3.496 hectáreas), Vetas (1.890 hectáreas), Tona (5.884 hectáreas), Charta (11.283 hectáreas) y Bucaramanga (4.925 hectáreas). El Ministerio de Ambiente aclaró que durante este proceso no se permitirán nuevas concesiones ni licencias ambientales en esta zona.
Ojo #Colombia! Inicia el proceso de concertación de la delimitación de #Santurbán 🏔 para la ciudadanía de Bucaramanga.
— Comité Santurbán (@ComiteSanturban) July 4, 2026
Lleno total. Nos pronunciamos contundentemente con civismo y argumentos.
La concertación con Bucaramanga y los accionantes sólo se dará si @MinAmbienteCo… pic.twitter.com/RdxoGPEkUc
El Ministerio de Ambiente también precisó que el acto administrativo que declara las zonas de reserva ambiental temporal solo tendrá efectos sobre actividades de minería. En consecuencia, no se alterarán los demás usos del suelo permitidos y determinados en los instrumentos de ordenamiento territorial; es decir, las actividades agrícolas, pecuarias, turísticas, viales, de salud, educación, financieras y demás podrán continuar con normalidad.
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Pese a esta decisión, en la actualidad, diariamente, en una montaña seca de aproximadamente 300 hectáreas, se extrae de forma ilegal oro y plata por medio de más de 200 entradas a minas, muchas de ellas con una profundidad menor a los 50 metros. De estas minas ilegales, en los últimos siete años, han salido de forma ilegal toneladas de oro y plata, que abastecen el mercado ilícito de estos metales en el oriente colombiano. Todo bajo la más completa impunidad de las autoridades ambientales y el gobierno nacional, que conocen a detalle el fenómeno de la minería ilegal en esta parte de Santander.
A esta situación se le suma la pasividad de una sociedad en Bucaramanga que, si bien defiende el Páramo de Santurbán y protesta contra un posible licenciamiento a una multinacional para extraer metal, no se pronuncia de igual forma en contra de las mafias que operan en esta área de la provincia de Soto Norte, devastan esta montaña y generan contaminación ambiental.
Un estudio de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), de 2024, entidad encargada de apoyar la lucha contra el lavado de activos, determinó que la minería ilegal en Soto Norte, Santander, generaría utilidades mensuales cercanas a los $26 mil millones. Tan altas son las ganancias de esta actividad ilegal que, con los dividendos que quedarían en solo seis meses en esta zona de Santander, se podría construir un segundo puente de la Novena en Bucaramanga.
