Juzgado había ordenado obras urgentes en puente de Girón y años después ocurrió la tragedia. Esta es la historia y la denuncia de la propia comunidad.
El reciente colapso del puente peatonal ubicado sobre el Anillo vial, entre el sector de Los Caneyes y la estación de Metrolínea de Girón, no solo dejó una persona muerta y dos heridos tras el impacto de una tractomula; también destapó una cadena de advertencias ignoradas durante años por las autoridades responsables de garantizar la seguridad de miles de ciudadanos.
Y es que la tragedia volvió a poner bajo la lupa el grave deterioro de esta estructura, denunciado desde hace seis años mediante una acción popular interpuesta por el ciudadano Luis Emilio Cobos Mantilla, quien alertó ante la justicia sobre el abandono del puente peatonal.
La indignación estalló entre los habitantes de los barrios cercanos a El Rincón de Girón, quienes exigieron respuestas inmediatas y acciones concretas por parte de las entidades competentes. Para la comunidad, “esta tragedia estaba anunciada”. (Le puede interesar: Otra vía marcada por la tragedia y la alta accidentalidad en Girón)
Líderes comunales habían advertido repetidamente que el puente representaba un peligro permanente para los peatones debido al evidente desgaste de su estructura, provocado por las vibraciones constantes generadas por el tránsito pesado. Incluso, aseguraban que muchos ciudadanos preferían no utilizarlo por temor a un accidente, mientras reclamaban inspecciones técnicas urgentes y obras de mantenimiento que nunca llegaron.
Tras la denuncia, crece el cuestionamiento ciudadano frente a la aparente falta de reacción institucional pese a las alertas judiciales existentes.
Lo que decía la demanda
En la demanda presentada por Cobos Mantilla se denunciaban daños visibles en pisos, accesos, barandas y otros componentes del puente, además de casi 20 años sin mantenimiento adecuado.
Luego de más de dos años de proceso, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga emitió sentencia el 12 de diciembre de 2022 y concluyó que el Instituto Nacional de Vías estaba vulnerando derechos colectivos relacionados con la seguridad pública, el uso adecuado del espacio público y la prevención de desastres técnicamente previsibles.
La decisión judicial se sustentó en un informe técnico de la Secretaría de Infraestructura de Santander, elaborado el 30 de junio de 2022, que advertía sobre hundimientos en una de las vigas metálicas del puente, específicamente en el sentido Girón–Floridablanca, presuntamente ocasionados por impactos de vehículos de gran altura.
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Aunque en ese momento el informe no señalaba un riesgo inminente de colapso, el juzgado fue enfático en afirmar que sí existían serias afectaciones en las condiciones de seguridad de la estructura y que era indispensable una intervención preventiva urgente.
Por ello, el fallo ordenó al Invías iniciar en un plazo máximo de seis meses el proceso contractual para ejecutar las obras necesarias y atender las recomendaciones técnicas emitidas por la Gobernación de Santander.
Durante el trámite judicial, varias entidades intentaron apartarse de la responsabilidad. El municipio de Girón argumentó que el puente pertenece a una vía nacional y que su mantenimiento era competencia exclusiva del Invías. Metrolínea, por su parte, aseguró haber realizado algunas adecuaciones desde 2019 relacionadas con pintura, iluminación y accesibilidad peatonal.
Sin embargo, el despacho judicial dejó claro que esas intervenciones superficiales no resolvían el verdadero problema estructural detectado en la viga metálica comprometida.
Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Santander dejó en firme el trámite judicial al rechazar, el 27 de septiembre de 2023, un recurso de apelación relacionado con las costas procesales dentro de la acción popular.
Hoy, tras el colapso del puente, la comunidad exige que las investigaciones determinen por qué no se ejecutaron a tiempo las intervenciones ordenadas y quiénes deberán responder por esta tragedia.
Los habitantes del sector elevaron un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Invías para que se realicen inspecciones inmediatas y obras de fondo no solo en este corredor vial, sino en todos los puentes peatonales y puntos críticos del área metropolitana de Bucaramanga.
“Ya no queremos más advertencias ignoradas ni más vidas en riesgo. Las entidades deben actuar antes de que otra tragedia vuelva a enlutar a una familia santandereana”, reclamaron líderes comunitarios.
