El Consejo de Estado negó la demanda que buscaba dejar sin efectos la destitución e inhabilidad de 18 años que la Procuraduría le impuso al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por su intervención en la cesión del Contrato 137 de la Fase III de Transmilenio.
Publicado por: Colprensa
La obra, que fue adjudicada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, a la Unión Temporal Transvial, terminó siendo cedida irregularmente al Grupo Empresarial Vías de Bogotá, cuyo integrante mayoritario era Conalvías.
Para el Ministerio Público, Moreno tuvo un interés indebido en el trámite, pues él y la entonces directora del IDU intervinieron para favorecer a un tercero, modificando sustancialmente el contrato, a favor del concesionario, generando un sobrecosto de más de $190.000 millones.
Contra esta decisión, el exalcalde presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con la intención de que el fallo disciplinario fuera declarado nulo y para que le fuera cancelado el dinero que dejó de percibir, al haber sido desvinculado del cargo que ocupaba como jefe de la Administración Distrital.
El Consejo de Estado negó las pretensiones. Sostuvo que si bien es cierto que el director del IDU es el primer competente frente a la gestión contractual de esa entidad descentralizada, el alcalde también ejerce control sobre dicha entidad. A juicio de la alta corte, las conductas quedaron retratadas en cargos que fueron formulados y demostrados con suficiente precisión por parte de la Procuraduría.
Además, demostró que el exfuncionario corroboró los compromisos del cedente y en general, adelantó actuaciones que demuestran su intervención en el procedimiento de cesión.
