Los representantes deben revisar nueve apartes de la ley por orden de la Corte Constitucional, en una sesión clave para su entrada en vigor.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La reforma pensional vuelve este martes, 27 de octubre, a la plenaria de la Cámara de Representantes, donde los congresistas deben votar nueve apartes de la ley por orden de la Corte Constitucional. Ante esta nueva discusión, la Procuraduría General de la Nación anunció que hará seguimiento especial al trámite para verificar que se cumplan las instrucciones del alto tribunal dentro del plazo establecido.
Entre otras: ¿Se pueden comprar semanas para pensionarse? Esto dice la reforma pensional
La decisión quedó consignada en una comunicación enviada por María Andrea Ulloa Ruiz, procuradora delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y de la Seguridad Social, al presidente de la Cámara y al representante Nicolás Barguil. En la carta, la funcionaria pidió continuar con las actuaciones necesarias para cumplir la orden judicial, de acuerdo con los procedimientos legales y respetando la autonomía del Congreso.
La votación puede llevar a una nueva conciliación
Durante la sesión, los representantes deberán revisar las proposiciones relacionadas con los nueve apartes pendientes. Si se aprueban cambios que requieran ajustar el texto acordado previamente con el Senado, las dos cámaras tendrán que realizar una nueva conciliación para definir la redacción final.
El debate se desarrolla mientras sigue vigente el calendario fijado por la Corte Constitucional, según el cual la mayor parte de la reforma pensional entraría a regir el 1 de abril de 2027. El trámite de los apartes que deben volver a votarse hace parte de las decisiones pendientes para completar el proceso legislativo.
Lea: Ley de Sometimiento avanza en su trámite en el Congreso: ¿qué ha cambiado en el proyecto?
El proceso también está marcado por el incidente de impacto fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda, mediante el cual el Gobierno solicitó evaluar las consecuencias económicas de la entrada en vigor de la reforma. Según las cifras expuestas por el Ejecutivo, mantener el calendario previsto representaría un faltante superior a los 16 billones de pesos para garantizar esas obligaciones.
Publicidad
Con el debate aún pendiente de resolución, la Procuraduría hará seguimiento al cumplimiento de la orden judicial y la Corte Constitucional continúa con el análisis relacionado con el impacto fiscal.
