La falta de conciliación entre Senado y Cámara abre dudas sobre los recursos para 2027 y el futuro de varias partidas estatales.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado por el Congreso por un monto de $635 billones, enfrenta una controversia jurídica que podría cambiar el rumbo de su trámite y obligar al Gobierno a definir los recursos del próximo año por una vía distinta a la aprobación legislativa ordinaria.
La situación se conoció pocas horas después de que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella celebrara la aprobación de su primer presupuesto para una vigencia fiscal completa. La iniciativa recibió el respaldo de las plenarias tras una extensa jornada de discusión que se prolongó hasta la madrugada del martes 20 de octubre.
Sin embargo, una diferencia en la votación de uno de los artículos habría comprometido la validez del procedimiento. Según información divulgada por Caracol Radio y Semana, el inconveniente estaría relacionado con la falta de conciliación entre las versiones aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes.
🔴#Atención | Aprobación del Presupuesto de 2027 en riesgo por diferencias no conciliadas en el Congreso. La senadora Esmeralda Hernández denunció que el Presupuesto 2027 de Abelardo De La Espriella podría hundirse al aprobarse un artículo distinto entre Senado y Cámara sin… pic.twitter.com/5rqS1bi86B
— Vanguardia (@vanguardiacom) October 21, 2026
La diferencia en el artículo 65 abrió la controversia jurídica
El presunto error se habría originado en una proposición relacionada con el artículo 65 del presupuesto. De acuerdo con información publicada por Semana, la modificación contaba con el aval del Gobierno, pero no habría sido sometida a votación en el Senado. Fuentes del Congreso señalaron que funcionarios del Ministerio de Hacienda la incluyeron entre las proposiciones que supuestamente habían sido aprobadas por esa corporación.
Mientras el Senado votó el artículo en los términos de la ponencia, la Cámara habría aprobado una versión que incorporaba la modificación. La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, advirtió sobre la diferencia después de revisar los registros audiovisuales de las sesiones. Según su denuncia, la proposición fue retirada en el Senado y posteriormente habría sido votada y aprobada en la Cámara.
El artículo 65 contemplaba operaciones de cobertura para mitigar riesgos fiscales asociados a las fluctuaciones de los precios del petróleo y los combustibles líquidos, así como a la tasa de cambio del peso frente al dólar. También incluía disposiciones relacionadas con el Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
La falta de conciliación podría cambiar el presupuesto aprobado
El trámite estuvo condicionado por el plazo legal para aprobar el presupuesto, que vencía el 20 de octubre. El Senado terminó su discusión durante la noche del lunes 19, mientras que la Cámara extendió la sesión hasta aproximadamente las 3:45 de la madrugada del martes.
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Para cumplir con el calendario, la Cámara intentó reproducir las votaciones realizadas en el Senado. No obstante, la diferencia detectada habría hecho necesaria una conciliación entre ambas versiones antes de cerrar el procedimiento legislativo.
De confirmarse el vicio de trámite y sus efectos sobre la aprobación, el Ejecutivo tendría que expedir el presupuesto mediante decreto. Según Semana, una alternativa sería tomar como referencia el proyecto aprobado en primer debate por las comisiones económicas, lo que permitiría conservar un monto cercano a los $635 billones, aunque sin algunas modificaciones incorporadas posteriormente.
Recursos para salud y otras entidades podrían quedar por fuera
Entre las partidas que podrían verse afectadas están $3 billones adicionales para salud, $100.000 millones para educación, $100.000 millones para Invías y $70.000 millones para subsidios de gas licuado de petróleo (GLP). También estarían en discusión recursos adicionales para la Registraduría Nacional, la Rama Judicial y otras entidades que recibieron ajustes durante las plenarias.
El alcance de estos cambios dependerá de la salida jurídica que adopte el Gobierno y de las decisiones sobre las consecuencias de la diferencia entre los textos votados.
Por su parte, el representante Óscar Darío Pérez planteó la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias del Congreso en enero de 2027 para tramitar un proyecto de adiciones y traslados presupuestales. Esta alternativa permitiría volver a discutir los recursos que eventualmente no queden incluidos en el decreto, aunque requeriría nuevamente el aval del Legislativo.
