Ante esta emergencia carcelaria, el Ministerio de Justicia ha anunciado la implementación de diversas medidas, que incluyen traslados presupuestales y la contratación directa de recursos.
Publicado por: D.V.
En la mañana de este lunes, 12 de febrero, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, declaró la emergencia carcelaria en todo el país.
Esta medida se determinó tras la grave situación de amenazas y homicidios que enfrentan guardias del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).
"Esta emergencia obedece, por una parte, a la materialización e incremento de homicidios de guardianes del Inpec, que han tenido lugar en los últimos días, en distintos lugares del país; y a las amenazas y atentados contra la seguridad y la vida de estos funcionarios", detalló el ministro.
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Declaraciones del Ministro de Justicia y del Derecho, @osunanestor y el Director del INPEC, @DInpec sobre la emergencia carcelaria decretada y el trabajo articulado con @PoliciaColombia y el @COL_EJERCITO para aumentar el pie de fuerza en los Eron del territorio nacional. pic.twitter.com/AVW5AkuYrp
— INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) February 12, 2024
La decisión fue tomada durante una Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del INPEC, en la que participaron el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña; la vicefiscal, Martha Mancera; el director del Inpec, Daniel Gutiérrez; y el representante de la Policía, brigadier general Nicolás Alejandro Zapata, entre otros funcionarios.
"Esta emergencia procura la protección de vida, integridad y trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia. El otro asunto está relacionado con la extorsión que se ha exacerbado con los hechos registrados recientemente en Tuluá e implica refuerzo de medidas para acabar con este delito", señaló Osuna.
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Ante esta emergencia carcelaria, el Ministerio de Justicia ha anunciado la implementación de diversas medidas, que incluyen traslados presupuestales y la contratación directa de recursos.
Además, se solicitará apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios, y se contempla la posibilidad de suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para garantizar su seguridad. También se considera la opción de regular las visitas presenciales en los centros de detención.
El Inpec explicó que, entre los antecedentes que motivaron esta determinación, se destaca un aumento del 41 % en los casos de extorsión carcelaria, lo cual ha generado preocupación en la sociedad colombiana.
"Se observa un aumento del 100 por ciento en los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario respecto al año anterior, con dos lamentables pérdidas humanas registradas en Cúcuta y Cartagena, cinco atentados y 10 amenazas directas contra funcionarios", indicó el Minjusticia en un comunicado.
