El excongresista está implicado en el entramado de corrupción conocido como ‘Las Marionetas’, una red de coimas.
Publicado por: K.D.
Luego de varias semanas de discusión ante el Juzgado 42 con Función de Control de Garantías, la juez no accedió a imponer medida de aseguramiento a Pierre Eugenio García Jacquier, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
El exfuncionario del gobierno de Iván Duque está implicado en el entramado de corrupción conocido como 'las Marionetas', una red de coimas liderada por el condenado y fallecido exsenador del Partido Liberal Mario Alberto Castaño Pérez.
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La Fiscalía reveló sus cartas en contra de García desde diciembre del año pasado, cuando imputó al exrepresentante a la Cámara por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
"Soy inocente", dijo como respuesta. El ente investigador expuso que el excongresista del partido Centro Democrático presuntamente se aprovechó de su cargo para desviar a su conveniencia un contrato suscrito en 2021 con Proyecta Quindío, cuyo valor era de más de $48.000 millones.
Además, aseguró la fiscal del caso, Ángela Córdoba, García habría participado en el desvío de otros 27 proyectos relacionados con la financiación de obras en Tolima, Quindío y Valle del Cauca. Una de sus aliadas, al parecer, fue Katherine Rivera Bohórquez.
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Rivera, en ese entonces, era asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo de Ciro Alejandro Ramírez Cortés, quien fue representante a la Cámara y senador por el Centro Democrático hasta que fue capturado en diciembre de 2023 por orden de la Corte Suprema.
Ramírez es investigado por el magistrado Marco Antonio Rueda Soto, de la Sala Especial de Instrucción, porque presuntamente, siendo parte de las marionetas, intervino irregularmente en el direccionamiento de trece contratos para obras en Quindío y Tolima.
La Fiscalía pidió, a mediados de enero de este año, imponer una medida de aseguramiento, una orden de captura y una circular roja de Interpol en contra de García, no solo por su presunta responsabilidad en el entramado, sino porque lleva siete meses en otro país.
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Córdoba intentó argumentar que la medida era necesaria para asegurar la comparecencia del exdirector del DPS al proceso, dado que aparentemente podría huir de los llamados de la justicia, sobre todo ante el escenario de una eventual sentencia condenatoria.
Uno de sus argumentos fue que desde hace más de seis meses Pierre García no vive en el domicilio que le informó a las autoridades, sino que se encuentra en Francia. Para la juez de garantías, esa no fue una base suficiente para poner de presente un riesgo de fuga.
La togada de garantías aseguró que sería "desproporcionado" decretar prisión preventiva, sobre todo porque el exdirector explicó que tiene razones personales para no haber vuelto al país, y resolvió darle a García otras obligaciones.
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De acuerdo con la juez, García deberá atender cualquier citación de la Fiscalía, incluso virtualmente, y del juzgado de conocimiento que vaya a adelantar el juicio oral en su contra. La fiscal Córdoba y la Procuraduría anunciaron que apelarán la decisión.
