El Ministerio Público le hará seguimiento a la ejecución del presupuesto para la adquisición de tierras, para la adjudicación a campesinos.
Publicado por: K.D.
Desde la mañana de este martes, la Procuraduría General de la Nación llegó hasta la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para hacer seguimiento a los contratos suscritos por la entidad para la compra de predios para su adjudicación a campesinos, en cumplimiento de los compromisos de implementación de la Reforma Rural Integral.
En la diligencia de carácter preventivo, el ente de control le puso la lupa a la ejecución del presupuesto en lo que respecta a la adquisición de tierras para la adjudicación a campesinos.
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Cifras conocidas dan cuenta que a corte de octubre del 2023, solo se había logrado la ejecución del 17% del billón 261 mil millones de pesos disponibles para el programa y no del 51 % de los recursos como fue reportado.
Incluso, ya habrían identificado traslados al “Fondo Colombia en Paz” por $430 mil millones, es decir, del 34% del presupuesto, que a pesar de que aparecen como ejecutados, están consignados en una fiducia.
Asimismo, la Procuraduría indagó por el rubro convenido con RTVC de hasta $15 mil millones, con una ejecución de $660 millones para octubre de 2023.
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En ese sentido, durante la inspección fueron requeridos los análisis de las condiciones estructurales y jurídicas en las que ejecutan los procesos de compra, los procedimientos para el avalúo de los predios y la información para determinar si las decisiones de compra se realizaron en cumplimiento de las disposiciones que regulan el tema.
“La visita fue coordinada por las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios; para el Seguimiento al Acuerdo de Paz y para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quienes revisarán la información suministrada por el equipo jurídico de la ANT”, explicaron desde el Ministerio Público.
Adicionalmente, el ente de control requirió información sobre las actuaciones precontractuales de los terrenos baldíos de Islas del Rosario, teniendo en cuenta que “la ANT no ha atendido los requerimientos de la Procuraduría, por lo que revisó los expedientes y actuaciones administrativas relacionadas con el procedimiento de adquisición de predios en el periodo comprendido entre enero de 2023 y hasta la fecha”.
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Cabe recordar que luego de su salida de la ANT, Gerardo Vega, exdirector de la entidad aseguró que no solo tiene el presupuesto más alto de todo el Gobierno ($5 billones) y no lo estaría ejecutando, sino que además se han creado una serie de procedimientos que hacen imposible avanzar en una de las metas de esta administración: la compra de tierras para campesinos, indígenas, afrodescendientes y demás poblaciones vulnerables.
El exfuncionario señaló que se está impidiendo comprar tierras con promesas de compraventa “por miedos”, justificando que el vendedor se puede morir, por ejemplo.
