La entidad advirtió que el decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, está expuesto a una posible demanda de legalidad que podría detener su implementación y resultar en la paralización de las actividades del Estado.
Publicado por: K.D.
El vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaha, aseguró que el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación está "expuesto" a una posible demanda que podría detener su implementación.
De acuerdo con el titular provisional de la Contraloría, una eventual demanda podría resultar en la paralización de las actividades estatales, "lo cual constituiría un hecho sin precedentes en la historia reciente de la ejecución presupuestaria".
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El ente explicó que, a partir de un acto legislativo de 2019 y un decreto de 2020, no es necesario que se ejecute un hecho que ponga en peligro los recursos públicos para emitir un pronunciamiento, sino que puede lanzar advertencias previas como forma de control.
Así, la Contraloría señaló que al expedir el Decreto 2292 de 2023, con el que se liquidó el presupuesto de 2024, el Gobierno no cumplió con al menos dos parámetros. El primero, que el detalle de los gastos se incluyó en el articulado de la norma, no en los anexos.
El segundo, que "se debió presentar el detalle de la Ley de Presupuesto, lo que no se cumplió, en la medida en que los gastos de inversión no se desagregaron a nivel de proyecto". Para la Contraloría, ambos elementos "generaron inconveniencias".
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Al ejecutar el presupuesto, varias entidades "importantes", como Invías, la Agencia de Infraestructura y el Ministerio de Hacienda no pudieron comenzar. "Más aún, algunos de estos proyectos venían cobijados con vigencias futuras", detalló el órgano fiscal.
Mientras que la inclusión del anexo en el articulado hace que cualquier modificación, que la Contraloría califica como "bastante usual" en el transcurso de la vigencia, tenga que pasar por la aprobación de un decreto, no por una resolución de las propias agencias.
Para corregir los errores, el Gobierno publicó el Decreto 0163 en febrero de este año. Sin embargo, al analizar el acto administrativo, la Contraloría General encontró que las fallas solo se resolvieron "parcialmente".
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Con el nuevo decreto, según el vicecontralor Zuluaga, "se mantiene el nivel agregado en las bolsas de buena parte de la ejecución de la inversión del resto de las entidades", pues no desagrega totalmente los proyectos viales que cuestan unos $13 billones.
Además, "se mantuvo en el artículo 1, que no es anexo, la totalidad del gasto de ministerios", excepto el de Hacienda; agencias, excepto la ANI; institutos, excepto el Invías, y algunas unidades, excepto la de infraestructura.
"La ejecución de estos presupuestos quedó sujeta a la discrecionalidad de la Presidencia", lo que en el caso de las agencias "es una situación delicada, porque se trata de entidades ejecutoras" en las que la autonomía es un "factor decisivo".
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Finalmente, a través de un oficio enviado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la Contraloría afirmó que es necesario que esa cartera "adopte autónomamente las medidas que considere procedentes para evitar que se materialicen los riesgos".
