El futuro del sistema de salud en Colombia exige un debate profundo y soluciones creativas que aborden la financiación, la eficiencia, la transparencia, la regulación, la coordinación entre niveles de atención y la participación ciudadana.
En medio del debate público que ha surgido en torno a la reforma a la salud, su hundimiento en el Senado y la posterior intervención de dos de las principales EPS del país, hay una realidad que no se puede negar, en la que muchos (Gobierno, políticos, expertos y ciudadanos) coinciden: el sistema de salud debe replantearse.
¿Por qué? Pues sigue teniendo problemas sistemáticos con su financiación, la calidad del servicio, el acceso a medicamentos o citas con especialistas o las millonarias deudas que hay entre los diferentes actores que hacen parte de la red.
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¿Cuál debe ser el mejor sistema de salud para Colombia? ¿Qué debe reformarse? ¿Es mejor con o sin EPS? ¿Qué debe permanecer y qué debe cambiar? Estas y otras preguntas orientadoras se ponen sobre la mesa para reflexionar el futuro de la salud de los colombianos, que hoy tiene problemas de financiación y atención, a pesar de los logros de cobertura.
El reto fundamental
Para aportar más elementos a la discusión, Tatiana Andia, experta en Salud Pública y profesora de Sociología de los Andes, considera que el principal desafío del sistema de salud colombiano es la tensión que hay entre el derecho fundamental a la salud y la restricción presupuestal para financiarlo.
Esta tensión se intensifica, según la académica, por el aumento de la demanda de servicios costosos para enfermedades crónicas y por la necesidad de brindar atención primaria de calidad en todo el territorio nacional, especialmente en zonas rurales.
“El modelo que tenemos hoy es una combinación entre el modelo inicial de la Ley 100 y una historia muy larga de evolución de la reclamación de la ciudadanía al derecho a la salud a través de las cortes”, agrega Andia.
Para la profesora, lo que está pasando es, “en el fondo, un debate no solo del acceso, sino de los recursos y el manejo que se le da a estos”.
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Por eso, Andia plantea que el nuevo sistema de salud del país debe tener un enfoque más equilibrado que priorice la atención primaria y la salud pública, sin descuidar el acceso a tecnologías de punta.
Y para eso se requerirá limitar el acceso a ciertas tecnologías costosas y un aumento significativo del presupuesto para la salud.
La socióloga reconoce que no hay soluciones fáciles para los problemas del sistema de salud colombiano. Sin embargo, cree que un enfoque más realista y equilibrado, junto con un debate público abierto y constructivo, puede conducir a mejoras significativas en la salud de la población.
Al final, la pregunta clave es reflexionar sobre cuál es el sistema de salud que Colombia puede financiar.
¿Sistema paralizado?
Ante las posibles soluciones, Daniel López Morales, profesor de la Universidad Javeriana e integrante del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, considera que los esfuerzos no pueden dedicarse exclusivamente a que el Congreso expida una ley. Por lo tanto, el Gobierno debe plantear medidas de corto, mediano y largo plazo.
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“Algunas posibles soluciones podrían incluir medidas para aumentar el financiamiento del sistema de salud, mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión de recursos, fortalecer la regulación y supervisión de los actores del sistema, promover la integración y coordinación entre los diferentes niveles de atención y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre políticas de salud”, detalla López.
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Si uno de los problemas que le preocupa al Gobierno es que los recursos no estén llegando a los prestadores, por ejemplo, para ello no necesita que el Congreso le expida una Ley, puede utilizar el giro directo, insiste el experto.
De hecho, ya esta semana el Gobierno expidió el decreto de giro directo para el régimen contributivo. En esencia, es un método de pago a los prestadores de servicios de salud, como clínicas, hospitales y proveedores de medicamentos, donde los recursos se transfieren directamente a las cuentas de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), sin la intermediación de las EPS.
“Si el Gobierno Nacional considera que se deben realizar inversiones de infraestructura hospitalaria para la atención de primer nivel, puede hacer dichas inversiones sin una reforma, así como hacer alianzas con actores privados para hacer inversiones. Si existen dudas sobre casos de corrupción en las EPS o en algún otro actor, las investigaciones se pueden hacer ya y los recursos deben ser cobrados y recuperados con los responsables”, precisa López.
Sin embargo, para el experto, no es posible que el país se paralice esperando a que una ley de reforma a la salud resuelva los problemas del sistema.
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En definitiva, para los expertos es importante la discusión sobre cómo reorientar el gasto del sistema, poner la lupa y hacer veeduría en qué sigue pasando con las EPS. Además, el Ministerio de Salud debe seguir avanzando en la territorialización del sistema.
Estp sin olvidar que, en medio del debate sobre la reforma de salud archivada en el Congreso y la crisis financiera que enfrenta el sistema, la corrupción ha sido un tema recurrente. Se ha señalado que los sistemas de salud son altamente susceptibles a este flagelo, tanto en el ámbito público como en el privado.
Llamado a la acción
Y al no haber una reforma en trámite para la salud, José Norman Salazar, médico cirujano, abogado y director del Centro Colombiano de Derecho Médico, sostiene que el paso siguiente está en manos del Gobierno nacional. Es decir, que asuma su rol y ejerza funciones reglamentarias porque este tiene la facultad, según la ley estatutaria de salud 1751 de 2015 y la ley 1438 de 2014, que permiten reorientar aspectos del sistema y mejorar la situación.
“Lo otro es que estamos frente a un tema de intervención de dos de las principales EPS del país. Aquí lo importante es la señal que envíen los agentes interventores”. ¿En qué sentido? El médico y abogado afirma que es crucial que los agentes transmitan confianza a las clínicas y hospitales, garantizando un flujo de recursos y pagos oportunos por los servicios prestados.
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Y evitar el cierre de servicios para que no ocurra el caso contrario, como en otras intervenciones de EPS, en donde se frenó el pago a clínicas y hospitales, y llevó al cierre de servicios y al colapso del sistema.
Norman insiste en que se requiere una acción conjunta del Gobierno, las EPS y los agentes interventores para garantizar la estabilidad del sistema de salud y evitar un mayor impacto en la atención a los pacientes.
