Desde 2020 y sin que la opinión pública se diera cuenta, los derechos de las marcas Empresa Licorera de Santander, Aguardiente Superior y Ron Búcaro, le pertenecen a dos clanes políticos y megacontratistas del sector minero. Ahora que la Gobernación intenta revivir la producción de los emblemáticos licores se enfrenta a una disputa legal por los sellos que identificaron a la región.
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