Lo que debía ser una solución para mejorar la atención en salud de cerca de 15.000 habitantes de Suaita y Gámbita terminó convertido en un proyecto cuestionado por diferencias de $4.154 millones entre lo aprobado y lo contratado. El Ministerio de Salud denunció presuntas irregularidades, cuestionó cambios en las cantidades de obra sin su autorización y pidió investigar posibles delitos. Las obras siguen sin terminar.
Publicado por: Unidad Investigativa
La promesa de modernizar el Hospital Caicedo y Flórez de Suaita, Santander, terminó convertida en un proyecto bajo cuestionamiento por presuntas irregularidades que ascienden a $4.154 millones, correspondientes a la diferencia entre lo aprobado por el Ministerio de Salud y lo contratado por el centro asistencial en 2023.
Los cambios en las cantidades de obra y los precios, sin autorización del Gobierno Nacional, derivaron en denuncias ante los organismos de control y mantienen en incertidumbre una intervención que debía estar terminada en julio de 2025.
Si bien el Minsalud giró $13.839 millones para esta iniciativa, dichos recursos no alcanzarían para cumplir la meta trazada. El consorcio a cargo de la obra señaló que mantiene su disposición a terminar el proyecto, que tiene un avance del 64 %.
La inversión fue asignada durante el periodo del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, el entonces alcalde de ese municipio, Elkin Javier Chacón (q. e. p. d.), y la exgerente del hospital, Joyce Smith Lamus Duarte.
Una inversión de $13.839 millones, cambios en los pliegos sin autorización del Ministerio de Salud y una diferencia de $4.154 millones entre lo aprobado y lo contratado tienen bajo cuestionamiento la modernización del Hospital Caicedo y Flórez de Suaita. La cartera de Salud pidió investigar posibles delitos y denunció los hechos ante los organismos de control. Entretanto, la obra sigue sin concluir.
La Unidad Investigativa de Vanguardia le siguió la pista a este caso en el que se conectan contratistas, cambios en la licitación sin autorización del Ministerio de Salud e investigaciones solicitadas ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
La actual gerencia del hospital busca ‘salvar’ el proyecto y garantizar los recursos para este centro de salud que atiende a cerca de 15.000 habitantes de los municipios de Suaita (centros poblados de Tolotá, Vado Real, San José de Suaita y Olival) y Gámbita.
El proyecto tiene un avance del 64 % y se han girado $5.299 millones (40 %) por concepto de obra.
¿De qué se trata el proyecto para modernizar el Hospital de Suaita?
Con la intención de modernizar y ampliar las capacidades de dicho centro médico, la gerencia del hospital, la Alcaldía de Suaita y la Secretaría de Salud de la Gobernación de Santander plantearon, en 2023, un proyecto para mejorar las condiciones en materia de infraestructura y dotación.
En el caso del Hospital de Suaita se proyectaron mejoras para la zona de urgencias, una sala de rayos X, la adecuación de la sala de partos, consultorios de psicología y nutrición, así como una nueva sala de reanimación y triage.
Tras rechazar una primera versión, se realizaron ajustes al proyecto y, el 27 de abril de 2023, el Ministerio de Salud emitió la viabilidad de la iniciativa. En esa decisión, la cartera consideró que la inversión planteada por $13.839 millones era “suficiente” para el cierre financiero.
Como parte de una estrategia nacional, el Ministerio de Salud asignó, en julio de 2023, $113.736 millones para hospitales de los departamentos de Guaviare, Cundinamarca, Santander y Boyacá. En el caso de este departamento, se destinaron $16.258 millones para el hospital de San Andrés y $13.839 millones para el de Suaita.
Días después de la resolución, el Ministerio giró los recursos directamente a los hospitales para que estos contrataran las obras.
El concepto de la entidad tenía una gran advertencia: el cumplimiento, el cierre financiero y la puesta en marcha del proyecto son responsabilidad del Hospital Caicedo y Flórez y la Gobernación de Santander, quienes lo formularon en 2023.
En el caso de Suaita hubo un cambio que ‘fracturó’ el proyecto: los pliegos de la licitación no coincidían con la iniciativa que había aprobado el Minsalud meses antes.
Documentos en poder de Vanguardia, emitidos por el Minsalud, advierten que el proceso de contratación adelantado en 2023 por la entonces gerente del hospital, Joyce Smith Lamus Duarte, tendría menos cantidad de obra por el mismo valor presentado y aprobado por el Ministerio.
En otras palabras, aunque el hospital recibió recursos para contratar específicamente lo que el Ministerio había aprobado, los pliegos del contrato plantearon menores cantidades de obra por un valor similar.
Vanguardia tuvo acceso a varios archivos cruciales para entender esa diferencia. Uno de estos fue emitido por la Subdirección de Infraestructura del Ministerio de Salud, en el que se advierte que, en 2023, el hospital cambió el presupuesto de obra contratado frente a lo que se había aprobado.
De acuerdo con dicha entidad, se evidenció “la disminución en las cantidades contratadas y el aumento de los precios unitarios” desde la firma del contrato. El concepto de Minsalud fue tajante sobre los efectos de estos cambios. Para esa cartera, dicha actuación impidió la ejecución integral del proyecto desde el momento de su contratación, alterando de esta manera el alcance de la obra sin su aprobación.
Esos cambios, sin el aval del Minsalud, llevaron a que la cartera radicara denuncias ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. Las acciones fueron instauradas el 1 de diciembre de 2025. En el caso de la Fiscalía, el proceso se encuentra en fase de indagación.
El otro documento clave para comprender la diferencia lo emitió la empresa consultora que apoyó el diseño inicial del proyecto, avalado luego por el Ministerio de Salud. Esa firma revisó el contrato de obra y lo comparó con lo aprobado por el Minsalud.
“(...) se pudo determinar que las cantidades del contrato de obra no corresponden a las presentadas por la consultoría en el proyecto aprobado por Minsalud en abril de 2023”, señala el documento en poder de este medio.
La consultoría, que fue contratada por la Gobernación de Santander, reconoció que, por algunos errores de digitación, entre el proyecto presentado a Minsalud y el presupuesto elaborado por ellos hay una diferencia cercana a los $795 millones.
No obstante, si se compara el proyecto aprobado por Minsalud con el contrato suscrito por el hospital, la diferencia asciende a los $4.154 millones, lo que representa casi un tercio de la inversión destinada a esta infraestructura.
Los cambios que Minsalud no avaló
Uno de los mayores problemas de este proyecto tiene que ver con los intentos de modificación que plantearon las exgerentes Lamus Duarte y su sucesora, Luisa Fernanda Suárez Pulido.
En una carta de tres páginas, enviada en diciembre de 2025, el entonces subdirector de Infraestructura del Minsalud, Nelson David Hernández, rechazó la posibilidad de una segunda modificación al proyecto solicitada por Suárez Pulido.
De hecho, cuestionó que hubiese una primera sin tener el aval del Ministerio. Acto seguido, el funcionario señaló que cualquier intención de cambio debe contar con “justificación técnica, jurídica, financiera” y tener el visto bueno de esa cartera.
En esa misiva, el Ministerio le dejó claro a la entonces gerente Suárez Pulido que no existía ningún aval para modificar el proyecto. Incluso, condicionó la continuidad de los trámites hasta que concluyan las investigaciones derivadas de las denuncias que radicó el Minsalud.
“Este ministerio no avala, no viabiliza, no da la pertinencia y no aprueba ninguna modificación al proyecto hasta tanto no haya claridad de todas las modificaciones del proyecto y el proyecto de alcance o modificación sea presentado de manera adecuada ante esta subdirección”, señala la carta del alto funcionario.
De hecho, en un documento —conocido en exclusiva por Vanguardia—, se evidencia que el Ministerio pidió investigar la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial diferente y prevaricato por omisión.
Asimismo, la cartera de Salud pidió que se abriera una incidencia fiscal dado que la ejecución del proyecto iba en el 64 % (para la fecha de la denuncia) y “no se van a ejecutar” todas las áreas viabilizadas en el proyecto original.
Tropiezos, suspensiones y un plazo que no se cumple
La intervención en el Hospital de Suaita arrancó en noviembre de 2023 y contemplaba un plazo de 20 meses para su ejecución. Así las cosas, la obra debía entregarse a finales de julio de 2025. Sin embargo, esos tiempos no se cumplieron y el contrato ha sido suspendido en varias oportunidades.
De acuerdo con los documentos oficiales todo el proyecto ascendería a $13.937 millones, divididos así: $13.247 millones en obras y $690 millones en interventoría. De ese monto, el Ministerio de Salud aportaría los $13.839 millones mencionados. Mientras que el hospital habría adicionado cerca de $100 millones a este proceso. Asimismo, el contrato estipulaba un anticipo del 40 %, lo que asciende a $5.299 millones.
Actualmente, la obra está parada y se esperan las conversaciones entre el Ministerio de Salud, la actual gerencia del hospital y la Secretaría de Salud departamental para establecer un cronograma que permita culminar las intervenciones con los recursos asignados.
En un video divulgado en redes sociales, Hernando Cortés Torres, actual gerente del Hospital Caicedo y Flórez, explicó que desde su llegada, el 15 de abril de 2026, ha buscado que el proyecto salga adelante con el acompañamiento de las demás autoridades.
“Nuestra misión es ayudar y sacar ese proyecto adelante. Hay un problema: se contrataron menos cantidades de obra a un precio diferente”, indicó el funcionario.
Contratista e interventor, viejos conocidos
Este contrato involucra a varios personajes conocidos en la contratación departamental y nacional. Incluso, hay dos nombres que aparecen bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación.
Vanguardia revisó los documentos del proceso y estableció algunas conexiones entre los encargados de la obra.
Esta licitación solo tuvo un oferente. Se trata del Consorcio Construcción HCF, cuya participación está dividida así: 90 % para la empresa A&A Consultoría e Ingeniería y el 10 % restante para Julio Javier Palomino Castillo, un contratista que ha tenido influencias en el Caribe y Santander.
Incluso, medios locales del Cesar advirtieron sobre la participación de dicho contratista en un cuestionado contrato para la construcción de una piscina olímpica en Valledupar, en el marco de los Juegos Bolivarianos de 2021.
Pero esta no es la única aparición de Palomino Castillo en procesos de contratación en el departamento. A través de su empresa, Conimaq S. A. S., tuvo una participación del 15 % en el consorcio que ganó el contrato por $37.384 millones para adelantar obras en río Frío, en Girón.
El proceso se llevó a cabo a través del fondo mixto Foncolombia. Dichos recursos fueron asignados por el entonces gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, mediante el Decreto 720 de 2023, firmado el 18 de diciembre de ese año, a menos de dos semanas de dejar el cargo.
Una de las coincidencias en este proceso es que Andrés Perea Sánchez, representante legal del consorcio que ganó la licitación, y el representante de la interventoría —encargada de vigilar el desarrollo del proyecto—, Diego Edison Fajardo Perilla, ya habían trabajado juntos.
El contrato que une a estos nombres asciende a los $5.280 millones y fue asignado en 2020 como parte de las inversiones para la reconstrucción de Mocoa, luego de la avalancha ocurrida en 2017.
En diciembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación contra Diego Edison Fajardo Perilla y Andrés Perea Sánchez por presuntas deficiencias en la ejecución del contrato de obra para la mitigación del río Sangoyaco.
Cabe resaltar que, en la revisión documental hecha por este medio, solo se logró establecer el papel de Perea Sánchez en dicho proceso contractual. Sin embargo, el Ministerio Público los menciona a ambos como representante legal y contratista del Consorcio A&A.
La decisión del Ministerio Público también cobijó a los supervisores del contrato por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (Fngrd), Luis Eduardo Torres Daza, y por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Robinson Lemus Clavijo.
Con dicho proceso, el Ministerio Público buscaba esclarecer presuntas irregularidades en la ejecución y el control de la construcción, a pesar de tener un avance superior al 90 %.
Asimismo, la Procuraduría anunció que se investigaba un “posible sobrecosto y cambio en los materiales de las obras” que estaban encaminadas al cumplimiento de dicho proceso.
Consorcio respondió
Desde el Consorcio HCF explicaron a Vanguardia su postura frente a varios puntos sobre este proyecto.
De acuerdo con dicho consorcio, al iniciar la ejecución del proyecto se evidenció un desbalance entre los recursos disponibles y las solicitudes de intervención. Asimismo, señalaron que es una situación recurrente que se ajusta con modificaciones al proyecto.
Incluso, como muestra de su labor, señalaron que a pesar de tener un avance financiero del 40 % se ha logrado una ejecución física superior al 60%.
Ante los diferentes pronunciamientos del Ministerio, desde el consorcio señalaron que los cambios de personal por parte del Minsalud han generado dificultades y diferencias de criterio que han restrasado la obra.
Finalmente, sostuvieron que como contratistas se encuentran a la espera de poder ejecutar el proyecto.
“Tenemos disposición completa para culminar el contrato con el alcance actual”, informaron desde el consorcio a cargo del proyecto.
Vanguardia se comunicó con el representante legal de la interventoría, pero no fue posible obtener respuestas al cierre de esta edición.
Responden los exfuncionarios
Vanguardia contactó a la exgerente del Hospital Caicedo y Flórez, Joyce Smith Lamus Duarte, quien firmó el contrato de obra para este proyecto y ocupó dicho cargo entre abril de 2020 y marzo de 2024.
Frente a los cuestionamientos por las modificaciones entre el proyecto aprobado por Minsalud y el contrato, la exgerente Lamus Duarte señaló que dicho hospital no diseñó ni planeó el proyecto.
“La institución (hospital) no fue la entidad encargada de diseñar, estructurar ni planear este proyecto de inversión; el hospital actuó únicamente como una entidad ejecutora que recibió los insumos técnicos ya listos por parte del nivel departamental y municipal”, dijo Lamus Duarte a Vanguardia.
A renglón seguido, la exgerente señaló que cualquier diferencia entre lo que aprobó el Minsalud y lo publicado en los pliegos “escapa por completo de las funciones, competencias y controles” de su despacho. “La gerencia recibió una documentación oficial ya estructurada por las entidades territoriales, actuando en congruencia con sus facultades”, añadió Lamus Duarte.
Por su parte, Javier Villamizar, exsecretario de Salud de Santander, respondió a Vanguardia sobre este caso y señaló que no fue informado de los cambios que se habrían hecho en la contratación del proyecto del Hospital de Suaita. Asimismo, reiteró que la responsabilidad en el proceso de contratación correspondía al citado centro asistencial.
“Durante mi gestión, la intervención de la Secretaría de Salud departamental estuvo relacionada con el acompañamiento y las gestiones necesarias para obtener la viabilidad del proyecto ante el Ministerio de Salud y la correspondiente asignación de recursos. Una vez surtido este proceso, la ejecución contractual estaba a cargo de la ESE Hospital Caicedo y Flórez. No tuve conocimiento de las modificaciones a las que hace referencia”, apuntó el exfuncionario.
Adicionalmente, Villamizar señaló que su cartera participó en la gestión del proyecto, pero que, una vez se concretó la asignación de los recursos, no fue consultado ni participó en decisiones relacionadas con modificaciones posteriores o con las condiciones del proceso contractual adelantado por el hospital.
