Lo que se ha conocido sobre el comportamiento de Gustavo Petro durante su Presidencia es, por decir lo menos, vergonzoso. El consumo de alcohol y drogas, los bacanales, el desenfreno sexual y los excesos que describen personas de su entorno no corresponden precisamente a la conducta que uno esperaría de quien tiene la responsabilidad de dirigir los destinos de un país. Una cosa es la libertad individual y otra muy distinta la responsabilidad que supone ocupar la primera magistratura de la Nación.
Pero el fondo del problema no es con quién se relacionaba Petro ni qué hacía en su intimidad. El problema es si esos comportamientos comprometieron sus obligaciones como presidente, involucraron a funcionarios públicos o utilizaron recursos del Estado para satisfacer sus intereses personales.
Las denuncias conocidas son suficientemente graves. María Jimena Duzán, por ejemplo, recogió testimonios sobre presuntos consumos de drogas, ausencias prolongadas y fiestas privadas. Deicy Jiménez afirmó haber recibido contratos públicos a cambio de favores sexuales y de conseguir sustancias psicoactivas. Petro ha negado estas acusaciones. Tendrán que ser las autoridades las que establezcan la verdad.
A este cuadro se suma el asunto de Verónica Alcocer. Petro reconoció en 2025 que estaban separados desde hacía años, pero ella continuó ejerciendo como primera dama hasta el final del mandato. El divorcio se formalizó apenas tres días después de su salida de la Casa de Nariño, como lo confirmara la misma Alcocer en entrevista concedida a RCN. ¿Se mantuvo una apariencia de unidad familiar para conservar los beneficios y privilegios asociados a esa condición? ¿Quién responde por los recursos públicos destinados a su séquito y sus actividades?
Si se utilizaron recursos públicos para financiar fiestas, viajes o servicios privados; si se otorgaron contratos para satisfacer intereses personales; o si funcionarios fueron puestos al servicio de esas actividades, estamos hablando de posibles hechos de corrupción y abuso de poder. También corresponde establecer si hubo conductas constitutivas de indignidad en el ejercicio del cargo.
Pero hay otros responsables. ¿Qué sabían sus ministros, asesores y funcionarios? ¿Qué papel desempeñaron los dirigentes del Pacto Histórico? ¿Quiénes facilitaron, encubrieron o prefirieron callar? Y, sobre todo, ¿por qué algunos que hoy se muestran escandalizados no dijeron nada cuando tenían la responsabilidad de hacerlo y se beneficiaban del poder?
No todos participaron necesariamente en los hechos, pero quienes los conocieron y decidieron guardar silencio también tienen explicaciones pendientes. La complicidad no siempre exige participación directa; también puede expresarse en la conveniencia de no saber, no preguntar y no incomodar al gobernante.
La justicia tendrá que establecer los delitos y sus autores. La historia, por su parte, tendrá que juzgar a quienes ejercieron el poder, a quienes abusaron de él y a quienes, pudiendo impedirlo, prefirieron mirar para otro lado.
