Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, renunció tras una investigación por posible espionaje extranjero relacionada con una mujer con quien mantuvo una relación íntima. Según The New York Times, funcionarios de inteligencia estadounidenses sospechan que ella era una espía al servicio de China. La compañía negó que existieran indicios de filtración de información. Lo que parecía un asunto privado, terminó provocando la salida de uno de los empresarios más poderosos del mundo.
Si una junta directiva investiga a su propio CEO y este termina renunciando, ¿por qué en Colombia tantos optaron por mirar para otro lado ante los escándalos de Gustavo Petro, escudándose en el respeto a su vida privada? Durante su gobierno, el argumento de la intimidad se convirtió en la excusa perfecta para evadir cualquier cuestionamiento. Sus desmanes, ausencias prolongadas, desenfrenos y conductas erráticas fueron tratados por muchos como simples asuntos personales. El derecho a la intimidad no puede servir para justificar conductas que comprometen la dignidad de la Presidencia.
La discusión nunca se limitó a establecer si se utilizaron recursos públicos para pagar por sexo. El verdadero debate es mucho más profundo: ¿hasta dónde llega la vida privada de quien ocupa la Presidencia? Un presidente no es un ciudadano cualquiera en el ejercicio de sus funciones. Representa a toda una nación, encarna la autoridad del Estado y tiene la obligación de responder por sus decisiones y actuaciones. Su comportamiento es de interés público cuando pone en entredicho el cumplimiento de sus deberes, la confianza ciudadana o la dignidad de la investidura. En cualquier empleo, una persona que llega trasnochada, alterada, bajo los efectos del alcohol o las drogas, o que simplemente se ausenta sin dar explicaciones, enfrenta consecuencias cuando incumple sus obligaciones. ¿Por qué habría de exigírsele menos a quien tiene en sus manos la economía, la seguridad nacional y el destino de millones de colombianos?
Los cuestionamientos fueron numerosos. Durante la primera crisis diplomática con Estados Unidos, en enero de 2025, cuando Donald Trump anunció aranceles del 25 % a los productos colombianos, con la amenaza de elevarlos al 50 %, se denunció que Petro permaneció durante el fin de semana en el apartamento de su amante, sin contestar el teléfono, en plena emergencia diplomática. También estuvieron sus ausencias en París, donde dejó esperando durante dos días a su comitiva oficial y a los periodistas, alterando la agenda de gobierno. A esto se sumó el episodio de Panamá, cuando apareció públicamente paseando con su amante, en momentos en que Verónica Alcocer, entonces primera dama, cumplía funciones oficiales. ¿De verdad todo esto debía aceptarse sin exigir explicaciones? La Presidencia no es un cargo que pueda ejercerse a conveniencia de quien lo ocupa.
El país también presenció el espectáculo de quienes decidieron justificarlo todo. Funcionarios que guardaron silencio para conservar sus puestos. Dirigentes políticos que antepusieron sus intereses electorales. Áulicos que confundieron la lealtad con la sumisión. Incluso sectores de los medios de comunicación y de la opinión pública que prefirieron acomodar sus convicciones antes que incomodar al poder. Lo que habría sido inadmisible en cualquier otro gobernante se convirtió, de repente, en una expresión de libertad individual. Eso no fue lealtad ni tolerancia. Fue complicidad.
Relativizar la ética pública constituye un peligroso retroceso institucional, por más que algunos pretendan presentarlo como una expresión de modernidad. El derecho romano ya establecía un principio fundamental: a mayor poder, mayor exigencia de ejemplaridad. Los censores ejercían la cura morum y vigilaban la conducta de quienes ocupaban posiciones públicas, porque sabían que la falta de templanza de quienes ejercen el poder termina por socavar a toda la institución. La conducta de un gobernante no es ajena a su manera de gobernar. Quien recibe la confianza de una nación debe estar a la altura de esa responsabilidad.
Existe, además, un riesgo que no puede ignorarse. Las relaciones íntimas de quienes ocupan las más altas posiciones del Estado pueden convertirse en instrumentos de chantaje, extorsión o presión, especialmente cuando involucran favores, beneficios o personas con intereses particulares. El caso Huang ilustra esa vulnerabilidad. No hace falta que se compruebe una filtración de información para entender por qué una relación personal puede despertar legítimas preocupaciones de seguridad. En la Presidencia, donde se manejan secretos de Estado, las consecuencias pueden ser mucho más graves.
Ejercer esta jefatura exige disciplina, templanza y respeto por la dignidad de la nación. La intimidad es un derecho, no una patente de corso para convertir la Presidencia en un burdel.
