Una jueza resolvió que Ana María Castaño no se podía declarar insubsistente como secretaria general de Gestión del Riesgo de Desastres por su estado de embarazo, y deberá ser reintegrada al cargo. A la funcionaria se le conoce como ‘la sombra’ de Olmedo López en la entidad.
A la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres regresará Ana María Castaño, a quien el nuevo director, Carlos Carrillo, había declarado insubsistente para que abandonara el cargo, toda vez que era ficha del polémico exdirector Olmedo López, quien es investigado por la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable en La Guajira.
La funcionaria, conocida como la ‘mano derecha’ de López en la entidad, había salido por decisión de Carrillo, quien consideró que Castaño tenía paralizada a Gestión del Riesgo de Desastres. “Tenía paralizada la entidad debido a sus funciones. Todo lo administrativo pasaba por ella. Por ejemplo, tenía el quórum de los comités de consolidación”.
A Ana María Castaño se le habrían vulnerado sus derechos, según el juzgado, toda vez que se apartó del cargo en medio de su estado de embarazo que ya era conocido por Carlos Carrillo, el director de la entidad.
“Ordenar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y quien haga sus veces, que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de la siguiente providencia, procesa a reintegrar a la señora Ana María Castaño y de manera inmediata realice los aportes a seguridad social en salud dejados de recibir, los cuales serán cancelados a la EPS Sura con el reconocimiento de mora si a ello da a lugar”, afirmó el juzgado.
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El revolcón en Gestión del Riesgo
Tal y como estaba previsto, Olmedo López presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo de director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en medio de fuertes cuestionamientos por la millonaria compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira.
Su renuncia se dio luego de que el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, anunciara que demandará ante la Fiscalía y la Procuraduría a López, por las presuntas irregularidades en la compra de los vehículos que habría tenido sobrecostos además de direccionamiento al oferente.
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“He tomado la decisión de presentar renuncia irrevocable a mi cargo, para que los cuestionamientos que hoy enfrento no enloden las banderas anticorrupción que este proyecto político empuña”, afirmó Olmedo López en su carta, días después de afirmar en otro comunicado que el Gobierno Nacional respaldaba su desempeño en la entidad que recibió críticas por la forma en como se atendió el Fenómeno de El Niño.
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Las irregularidades empezaron a hallarse cuando medios de comunicación confirmaron que los carrotanque estuvieron parados en La Guajira, después de cuatro meses de haberse hecho la compra a tres empresas que, coincidencialmente, estaban ligadas entre sí.
La compra de los carrotanques tuvo un valor superior a los $46.000.000 y se dio en octubre del año pasado cuando el Gobierno Nacional decidió empezar mediante decretos a solucionar la crisis social en el departamento de La Guajira.
Según una investigación periodística del diario El Tiempo, el proceso licitatorio se dio de forma exprés en tan solo ocho horas, en las cuales tres empresas, ligadas entre sí, se pudieron quedar con la millonaria compra de los vehículos.
“De conformidad con la base de datos de registro de proveedores de la Subdirección de Manejo de Desastres, se realizó la selección de tres cotizantes para el contrato (...)”, dice el oficio con el cual se dio vía libre a la compra, el jueves 12 de octubre de 2023, a las 8:00 de la mañana.
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Los ungidos para el contrato fueron elegidos de forma aleatoria, proceso en el cual participó el mismo exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López. Media hora después de abierto el proceso de selección los ganadores fueron Luket SAS, Brand SAS e Impoamericana Roger SAS.
Las empresas ganadores no tendrían la experiencia en la venta y compra de carrotanques necesitados para el suministro de agua en La Guajira, toda vez que se dedican al comercio de productos de ferretería, abarrotes y carne de animal muerto apta para el consumo.
Las irregularidades no solo habrían estado con el direccionamiento del contrato, sino que habría tenido sobrecostos de hasta $22 mil millones que investigarán la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, tras la denuncia radicada por la Secretaría de Transparencia de Palacio de Gobierno.
