Se destacó que la violencia afecta especialmente a miembros de las Juntas de Acción Comunal, autoridades indígenas y afrodescendientes, y defensores de la tierra y el medio ambiente.
Publicado por: K.M.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó este miércoles a Colombia a mejorar la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, tras verificar al menos 105 homicidios de estos activistas en 2023 y recibir denuncias de otros 98 asesinados en la primera mitad de 2024.
Christian Salazar, director de operaciones y cooperación técnica de la ONU, instó a una “reforma profunda del modelo de protección de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, con participación de ellos”, en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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Salazar destacó que la violencia afecta especialmente a miembros de las Juntas de Acción Comunal, autoridades indígenas y afrodescendientes, y defensores de la tierra y el medio ambiente.
A pesar de algunos avances en la disminución de indicadores de violencia en Colombia el año pasado, Salazar subrayó que el control de territorios por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales sigue afectando a la población civil en varias zonas del país.
Líderes y lideresas sociales, firmantes de paz y comunidad participaron en una jornada pedagógica sobre construcción de paz, donde se resaltó el rol de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en la reconstrucción del tejido social en los territorios. #HechosDePaz 🇨🇴🕊️ pic.twitter.com/g9y8G1IotR
— Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) July 9, 2024
Avances en investigaciones
No obstante, valoró positivamente el nivel de cooperación entre la oficina del alto comisionado Volker Türk y el Gobierno colombiano, a pesar de las dificultades presupuestarias, y destacó su compromiso con los derechos humanos y la búsqueda de la paz.
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Salazar resaltó los avances en las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), especialmente en casos de “falsos positivos”, donde más de 6,400 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por fuerzas militares y presentadas como “muertos en combate”.
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Sin embargo, lamentó la persistencia de un alto nivel de impunidad, señalando que la Comisión de la Verdad también identifica esto como un factor para la continuación de la violencia en Colombia.
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La oficina del alto comisionado también asiste en la investigación de presuntos abusos por parte de la Fuerza Pública colombiana durante las protestas de 2020 y 2021, habiendo documentado y analizado 46 muertes presentadas para su investigación a la Mesa Interinstitucional Permanente.
Salazar reiteró la importancia de que la jurisdicción ordinaria asuma estas investigaciones conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Respuesta del Gobierno
En respuesta, el embajador colombiano ante la ONU en Ginebra, Gustavo Gallón, subrayó la importancia de que Colombia “esté abierta al escrutinio internacional y mantenga una revisión constante, rigurosa y atenta al proceso de construcción de la paz”.
Gallón valoró tanto el informe de la ONU como los de la experta internacional Antonia Urrejola, encargada de identificar obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016.
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“Sabemos que los retos son grandes y que persisten importantes problemas en materia de paz y de derechos humanos; solo reconociéndolos podremos tomar las medidas y emprender las acciones necesarias para superarlos. Tenemos la decisión férrea de hacerlo”, afirmó Gallón, destacando el compromiso del Gobierno con la visita del presidente Gustavo Petro a la sede de la ONU en Nueva York, donde inaugurará un monumento para la paz en Colombia junto al secretario general de la ONU, António Guterres.
