La Mesa Territorial de Garantías en Barrancabermeja concluyó con la firma del Pacto Ciudadano contra la Estigmatización de Líderes Sociales, un compromiso interinstitucional que busca proteger y dignificar la labor de defensores de derechos humanos en la región.

Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
Con la participación de instituciones del orden nacional, departamental y municipal, además de organizaciones sociales y ambientales, se llevó a cabo en Barrancabermeja la Mesa Territorial de Garantías y Derechos Humanos, que concluyó con la firma del Pacto Ciudadano contra la Estigmatización de Líderes, Lideresas y Defensores de Derechos Humanos.
Durante la jornada, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, presentaron un panorama de riesgos para los liderazgos sociales en el Magdalena Medio. Allí se expusieron las alertas tempranas emitidas en municipios como San Alberto, Puerto Wilches, Aguachica, Barrancabermeja y Yondó, donde persisten amenazas de grupos armados ilegales contra líderes y comunidades.
Frente a ese panorama, Iván Madero, presidente de CREDHOS, insistió en que es necesario un seguimiento riguroso a lo pactado en la mesa. “Hemos pedido a la Procuraduría que haga seguimiento a los compromisos firmados y llamamos a los alcaldes que aún no participan a sumarse a este espacio de diálogo”, afirmó.

El encuentro fue convocado por el Viceministerio de Diálogo Social y la Igualdad del Ministerio del Interior, en articulación con la Alcaldía de Barrancabermeja. También estuvieron presentes delegados de las gobernaciones de Santander, Antioquia, Cesar y Bolívar, así como representantes de organizaciones de derechos humanos y ambientales.
“El compromiso fundamental es el acompañamiento de manera interinstitucional, de manera coordinada tanto con la fuerza pública y la articulación a profundidad con las gobernaciones y las alcaldías entre todos tenemos que darle garantías de protección a la población de todo el territorio”, aseguró el viceministro de Diálogo Social y la Igualdad del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón.
Según el Ministerio Público, municipios como San Alberto, Puerto Wilches, Aguachica, Barrancabermeja y Yondó se encuentran en situación de riesgo por la acción de grupos armados ilegales, lo que motivó la emisión de alertas tempranas en la región.

El pacto establece compromisos como el respeto y la promoción de la labor de los defensores de derechos humanos, el rechazo público a cualquier forma de estigmatización o discurso de odio, la puesta en marcha de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y la implementación de políticas públicas orientadas a su protección y dignificación. Con ello, se busca no solo reconocer el papel de los líderes sociales, sino también generar un entorno más seguro y favorable para el ejercicio de su trabajo.
“Hoy nos hemos comprometido a seguir dignificando y reconociendo el trabajo de los defensores de derechos humanos, como lo venimos haciendo en el Consejo Territorial de Paz y en la Mesa de Garantías. Ahí lo que se hace un trabajo especial de seguimiento a aquellas personas que de alguna manera no han obtenido los resultados adecuados de sus denuncias”, afirmó por su parte, el secretario del Interior de Barrancabermeja, Harold Villabona.
La firma del pacto se da en un contexto complejo para el Magdalena Medio, donde las amenazas contra líderes sociales siguen vigentes. El reto, según las partes, será convertir los compromisos en acciones concretas, que fortalezcan la protección y permitan que quienes defienden los derechos humanos tengan garantías para ejercer su labor en el territorio.














