Los citados deberán rendir versión sobre delitos como homicidios, masacres, desapariciones forzadas y violencia sexual.
Publicado por: Redacción A.S.
Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes y último comandante de las extintas FARC, fue llamado a responder por delitos no amnistiables y que habría cometido durante el tiempo en el que participó en el conflicto. La cita será ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y también vinculó a otros 73 exintegrantes de esa guerrilla.
El llamado a la diligencia judicial ocurre en medio de las investigaciones que adelanta el Tribunal Especial en el marco del Caso 10, que investiga delitos que no pueden recibir perdón judicial y que, por tanto, deben ser investigados, juzgados y sancionados.
Además: JEP acredita a organizaciones afrodescendientes en investigación por crímenes del conflicto armado
El dosier señala que los citados deberán responder por delitos como homicidios, masacres, desplazamientos, desapariciones forzadas, violencia sexual y hasta el uso de métodos ilícitos durante la confrontación bélica.
A la cita judicial también fueron citados otros miembros del último Secretariado de las FARC. Por ejemplo, deberá acudir el senador Julián Gallo, quien fue comandante del Frente Urbano Antonio Nariño y Joaquín Gómez, exmiembro del Frente 14 y el Bloque Sur.
Los llamados a rendir versión deberán entregar sus aportes a la verdad en audiencias que ocurrirán entre finales de octubre de 2024 y enero de 2025.
“Varios de los comparecientes de las Farc-EP vinculados a la investigación ya han dado su versión en otros casos de la JEP e incluso han sido imputados, pero no se han pronunciado aún sobre los hechos específicos que investiga el Caso 10″, señaló la JEP.
Además: Alias ‘Zeus’, el exmilitar aliado con paramilitares, fue expulsado de la JEP
Publicidad
En el Caso 10, la JEP identificó tres patrones de violencia: crímenes cometidos por el control social y territorial, en medio de las hostilidades, y los que se cometieron en contextos urbanos.
En este caso, la JEP ha recibido 1.300 solicitudes de víctimas que buscan acreditarse, de ellas, 702 ya fueron admitidas.
Los comparecientes podrán reconocer su responsabilidad en los delitos que les señalan durante toda la etapa del proceso y, con sus aportes a la verdad, accederían a penas alternativas a la prisión. Sin embargo, si insisten en su inocencia, deberán demostrarlo en juicio y, de ser derrotados, se expondrían a penas que van entre los 15 y 20 años en prisión.
Información tomada de El Colombiano.
