El alcalde De Bogotá, Carlos Fernando Galán había solicitado a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que verifiquen si la decisión adoptada respeta la moralidad administrativa y protege el patrimonio público.
Publicado por: Colprensa
El presidente, Gustavo Petro, reiteró este sábado que su Gobierno pondrá en “funcionamiento” el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, tras advertir que una ley de la que fue coautor durante su paso por el Senado declaró “patrimonio cultural” el conjunto de edificios de ese complejo, razón por la cual no es posible su demolición.”
Se ha ordenado en varias sentencias judiciales su restauración. Ni en la ley, ni en las sentencias se habla de la demolición ni desaparición”, afirmó el mandatario desde su cuenta de X.
Esta semana se conoció la decisión de la Administración de Petro de liquidar el contrato de la compañía Copasa con la red hospitalaria centro/oriente de Bogotá para la rehabilitación del San Juan de Dios, luego de la negativa de la firma de recuperar la torre central y proponer a cambio su demolición.
La situación condujo a un enfrentamiento entre el Jefe de Estado y el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, quien lamentó el papel intervencionista del mandatario y los riesgos para las finanzas de la ciudad ante eventuales demandas.
Juan David Correa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, precisó este sábado en una columna de opinión que la “declaratoria como monumento nacional de la Ley 735 de 2002 recae sobre el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil.
Esto implica que las infraestructuras en el interior de ambos predios ostentan la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional, como lo señala el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) en los artículos 9, 10 y 11 de la Resolución 0995 de 2016″.
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El jefe de la cartera de Cultura precisó que aunque la Torre Central del San Juan de Dios podría ser eventualmente demolida, por el tipo de clasificación patrimonial, es preferible su “preservación” mediante “reforzamiento estructural”, puesto que dinamitarlo “implicaría enormes riesgos sobre el conjunto patrimonial”, una situación que se le manifestó a Copasa desde su despacho.
”Mi gobierno desautoriza la demolición. Se le pidió a Copasa reformar el contrato y ante su negativa se ha liquidado. Mi gobierno no incumplirá la ley y adelantará todas las tareas para ponerlo en funcionamiento”, argumentó este sábado Petro.
