Aunque pudo tener dos hijas en las filas guerrilleras, vivió, como muchas otras mujeres, la violencia reproductiva reflejada en planificación y abortos forzados que hoy investiga la JEP en el macrocaso 11.
Publicado por: El Colombiano
Mientras marchaba con la tropa por las densas montañas de Antioquia, su vientre seguía creciendo. Al llegar la hora de descanso, se revolvía en los improvisados cambuches sobre la tierra cubierta de hojas, reflexionando sobre cómo aquel embrión se desarrollaba en el secreto de su cuerpo. Se bañaba en las frías aguas del río y notaba el cambio. Durante seis meses logró ocultar su embarazo bajo el camuflado, pero sabía que tarde o temprano lo descubrirían, y también conocía las consecuencias.
A los 15 años huyó de la casa de sus padres, en una vereda de Antioquia, impulsada por el amor hacia un joven con quien se unió a las filas de las antiguas Farc-EP. Afirma que nadie la obligó, que fue su decisión, aunque no pensó bien las cosas, que era joven y se dejó convencer. Una vez en el campamento, fue recibida con el rigor del entrenamiento y las advertencias de otras mujeres sobre las normas inquebrantables.
“No hay baños cerrados, hay que bañarse en el río o la quebrada con ropa interior. Hay que pedir permiso para ir al baño, bañarse o recoger agua. A las 8 de la noche comienza el descanso, y a las 5 de la mañana todos deben estar de pie. No se puede cambiar de escuadra sin autorización. Y la planificación es obligatoria”, le dijeron.
Violencia de género y sexual
El macrocaso se divide en tres subcasos: violencia de género ejercida por miembros de las Farc-EP contra civiles, violencia de género perpetrada por la Fuerza Pública contra civiles y violencia de género dentro de las filas de ambos grupos armados. Este último, denominado subcaso 03, presenta patrones comunes en ambos bandos, aunque también incluye prácticas diferenciadas.
Según el auto de apertura y los testimonios recopilados, las mujeres víctimas dentro de las Farc fueron sometidas a abusos que atentaron contra su autonomía corporal. No solo participaron en actividades militares como combatientes, informantes o señuelos, sino que también fueron forzadas a realizar labores domésticas en los campamentos. Asimismo, muchas fueron obligadas a mantener relaciones sentimentales y sexuales con integrantes del grupo, castigadas si se resistían a acosos sexuales y sometidas a ultrajes. Le puede interesar: Álvaro Uribe insiste en que testimonios de Monsalve en su contra están llenos de mentiras
Algunas de estas formas de violencia, que en su momento no tenían un nombre específico, hoy son reconocidas como violencia reproductiva y han sido incluidas en el macrocaso 11. Este reconocimiento marca un hito en la justicia transicional, pues permite investigar y sancionar prácticas históricamente invisibilizadas, como la anticoncepción y el aborto forzado.
Cristina Rosero Arteaga, asesora legal senior del Centro de Derechos Reproductivos, explica que la violencia reproductiva es distinta de la violencia sexual y afecta la capacidad de decidir libremente sobre la maternidad. Su organización ha trabajado en la investigación y conceptualización de esta problemática, convirtiéndola en una línea clave de la JEP.
En 2020, un estudio revisó 150 informes de distintas entidades para identificar afectaciones a los derechos reproductivos en el contexto del conflicto armado. Rosero define la violencia reproductiva como cualquier acción u omisión que limite la autonomía de una persona para decidir sobre su maternidad, el momento y las condiciones en que quiere ejercerla, así como su acceso a los servicios necesarios para ello.
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Esta forma de violencia se ejerció incluso contra quienes aceptaban relaciones sexuales, pero eran coaccionadas a renunciar a la maternidad. Dentro de las Farc, se consolidó la idea de que una combatiente no debía ser madre, ya que la maternidad era vista como una carga para el grupo. Le contamos: “Descansó”: Murió Erika Morales, la joven que pidió la eutanasia tras quedar cuadrapléjica
La magistrada de la JEP, Lily Rueda Guzmán, indica que desde 2019 las violencias reproductivas dentro de las Farc se investigan en el caso 07, centrado en víctimas reclutadas cuando eran niños o niñas. En 2024, se dictó el primer auto de determinación de hechos y conductas, imputando por primera vez un patrón de violencias reproductivas contra menores reclutadas. Se llamó a responder a seis antiguos miembros del Secretariado de las Farc.
Actualmente, la JEP cruza información entre los casos 07 y 11 para identificar similitudes entre las violencias sufridas por niñas y aquellas padecidas por mujeres adultas dentro de la guerrilla. Entre los relatos recopilados se encuentran casos de anticoncepción y abortos forzados, así como malos tratos durante estos procedimientos, incluyendo la aplicación negligente de anticonceptivos sin exámenes médicos previos y la interrupción de embarazos en fases avanzadas sin protocolos adecuados de recuperación.
El informe de la Comisión de la Verdad sobre violencias sexuales y reproductivas dentro de las Farc-EP recoge testimonios estremecedores. Uno de ellos describe cómo una excombatiente fue obligada a sostener la pierna de una compañera mientras le practicaban un aborto sin anestesia adecuada. En algunos casos, los bebés que lograban nacer eran asesinados, desaparecidos o entregados forzosamente a otras familias, impidiendo que las madres los criaran.
La joven guerrillera pudo tener su primer bebé, pero se vio obligada a dejarlo con sus abuelos, ya que desertar del grupo no era una opción sin poner en riesgo a su familia. Su maternidad se convirtió en un vínculo esporádico, con largos periodos sin poder ver a su hija. Diez años después, volvió a quedar embarazada, pero esta vez se le ordenó abortar. Aunque intentó resistirse y evitó tomar los medicamentos en varias ocasiones, finalmente tuvo que continuar con su embarazo en condiciones extremadamente difíciles. Fue herida en combate a los tres meses de gestación y, tras un parto asistido por una campesina, su segunda hija le fue arrebatada inmediatamente. Solo pudo volver a verla cuando la niña tenía tres años, pues había sido criada por su hermana.
Este tipo de testimonios reflejan la magnitud de las violencias reproductivas en el conflicto armado y refuerzan la necesidad de justicia y reparación para las víctimas.
