Alcaldes, gobernadores y candidatos presidenciales cuestionan los efectos de la medida en la seguridad.
En Colombia, una controversia de grandes proporciones sacude el escenario político y jurídico del país a pocos días de las elecciones presidenciales de primera vuelta, previstas para el 31 de mayo.
En el centro del debate se encuentra la política de “paz total” impulsada por Gustavo Petro, que ha derivado en la suspensión de órdenes de captura contra decenas de miembros de organizaciones armadas ilegales, una medida que ha desatado cuestionamientos desde distintos sectores de la sociedad colombiana.
La situación cobró mayor visibilidad este martes, cuando la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó un recuento detallado según el cual, durante el actual gobierno, se han suspendido órdenes de captura contra 205 voceros o representantes de grupos armados al margen de la ley.
Según documentación aportada por la Fiscalía General de la Nación, 81 de esas suspensiones continúan vigentes a la fecha. Además: Paloma Valencia promete no dialogar, sino perseguir “como ratas” a los grupos armados en Colombia
La distribución de las 81 órdenes de captura suspendidas actualmente por organización armada, según recuento presentado por la candidata Paloma Valencia del Centro Democrático es: 35 miembros del Estado Mayor Central, 11 miembros de la Segunda Marquetalia, 10 miembros de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, 9 miembros de Comuneros del Sur (ELN),7 miembros de estructuras de alto impacto del Valle de Aburrá, 6 miembros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, 3 miembros de las Autodefensas Gaitanistas y alias “Calarcá”.
La base legal de estas suspensiones es la Ley 2272 de 2022, que faculta al presidente de la República para solicitar el levantamiento de medidas judiciales contra miembros de estructuras armadas con el propósito de facilitar acercamientos y negociaciones de paz.
Sin embargo, la norma no hace distinción entre personas procesadas sin condena y aquellas que ya están pagando una pena, lo que ha generado uno de los focos más álgidos del debate. Le puede interesar: Atentado en Cauca agita campaña presidencial en Colombia: candidatos cruzan acusaciones
La Fiscalía revoca parcialmente una decisión que ya encendía alarmas
El pasado 31 de marzo, la Fiscalía General suspendió las órdenes de captura de 23 cabecillas de bandas criminales y redes del narcotráfico, recluidos en distintas cárceles del país, a solicitud del Gobierno nacional, bajo la figura de “gestores de paz”.
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Esta figura permite que personas con condena puedan salir en determinadas ocasiones, previa autorización judicial, para participar en labores de mediación o facilitar procesos de desmovilización. Siga informado: El presunto plan del Eln para atentar contra Paloma Valencia con bus bomba en Bogotá
No obstante, este martes la fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó a Caracol Radio que se revocó la suspensión de 16 de las 23 órdenes, argumentando inconsistencias en el trámite presentado por la Oficina del Alto Comisionado de Paz. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue uno de los primeros en reaccionar públicamente ante la decisión.
“La Fiscal General de la Nación acaba de anunciar que deroga parcialmente la resolución en la que se levantaban órdenes de captura en contra de 23 criminales en Medellín. Saca de la resolución a 16 criminales que hoy están pagando condena por graves delitos. Quedan 7 con el beneficio.” así indicó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.
A esta posición se sumó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien señaló que, mientras las autoridades capitalinas capturaban a 23 integrantes de la banda “El Mesa”, el Gobierno nacional le levantaba la orden de captura a su cabecilla para vincularlo como gestor de paz. Galán calificó la medida de “peligrosa e irresponsable” y exigió que se abriera un debate sobre los beneficios concedidos a delincuentes que deberían permanecer privados de la libertad. Además: Aumentan a 19 los muertos tras brutal ataque con cilindro bomba en Cajibío, Cauca
Los candidatos presidenciales entran al debate político y legal
El tema no ha sido ajeno a la campaña electoral. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, interpuso una acción de nulidad con medida cautelar ante el Consejo de Estado contra la suspensión de órdenes de captura solicitada por el Ejecutivo, argumentando que la medida favorece a personas condenadas por delitos graves en esa región, donde los llamados “gestores de paz” tienen una influencia criminal significativa.
Por su parte, la candidata Valencia fue enfática en señalar que la Corte Constitucional ha sido clara al establecer que el Gobierno no tiene potestad sobre la Rama Judicial y que, si bien puede solicitar la suspensión de capturas, la Fiscalía mantiene la facultad de examinar la conveniencia de dicha medida.
Valencia también lanzó críticas directas a su contrincante Iván Cepeda, candidato del partido de gobierno, Pacto Histórico, y uno de los promotores de la Ley 2272 de 2022, señalando que las medidas coinciden con la campaña electoral.
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#ATENCIÓN Durante el Gobierno Petro se han suspendido las órdenes de captura de 205 voceros/representantes de grupos armados.
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 5, 2026
Actualmente hay suspendidas 81 órdenes de captura:
- Alias “Calarcá”
- 35 miembros del Estado Mayor Central
- 11 miembros de la Segunda Marquetalia… pic.twitter.com/ViddCji8U4
Claudia López, candidata del movimiento Imparables, rechazó la decisión de la Fiscalía e informó que interpondrá denuncias ante distintos entes de control por lo que calificó como un abuso de las facultades presidenciales. En esa misma línea, el candidato Abelardo De la Espriella manifestó que la medida busca interferir en los resultados electorales.
El Gobierno nacional, a través de la Consejería Comisionada de Paz, ha defendido su posición argumentando que la paz es un derecho superior consagrado en la Constitución y que la participación de estos actores en las mesas de negociación es indispensable para el desmantelamiento de las estructuras criminales.
El presidente Petro, sin embargo, no se ha pronunciado directamente sobre la controversia política y jurídica generada. CNN Colombia indicó haber buscado una reacción del Gobierno sin obtener respuesta al cierre de edición.
Colombia atraviesa así un momento de intensa tensión institucional, con una primera vuelta presidencial a la vuelta de la esquina y un debate que pone en el centro la pregunta de si la “paz total” está generando las condiciones para una paz duradera o si, por el contrario, está debilitando las garantías de seguridad y justicia para los ciudadanos.
