Exfuncionario del alto gobierno será procesado por su posible vínculo en una red de favores políticos y millonarios contratos.
Publicado por: M.P.
La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por los presuntos delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con el ente acusador, Bonilla habría intervenido de manera irregular para favorecer intereses particulares en la adjudicación de contratos relacionados con el manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias. Su nombre ha surgido en medio del escándalo que ya salpica a otros altos funcionarios y exfuncionarios del actual Gobierno.
La fiscal delegada, María Cristina Patiño, informó que la imputación se basa, principalmente, en las declaraciones rendidas por María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla. Por ello, inicialmente deberá surtirse la aprobación del principio de oportunidad para Benavides.
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“La Fiscalía tuvo conocimiento de la actividad presuntamente delictiva del señor Bonilla a partir de un acercamiento que, en virtud de una negociación de principio de oportunidad, tuvimos con la señora María Alejandra Benavides Soto. Ese principio de oportunidad se va a radicar a finales de esta semana, y una vez el juez de control de garantías correspondiente decida sobre su legalidad y lo avale, vamos a proceder a solicitar la audiencia de formulación de imputación contra el exministro Bonilla por dos delitos: tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos”, reveló la fiscal Patiño.
#Colombia ⚖️La Fiscalía imputará cargos al exministro Ricardo Bonilla por su presunta participación en irregularidades con contratos gestionados desde la UNGRD. Se evalúa una posible medida de aseguramiento en su contra. pic.twitter.com/OLXs6vxbxj
— Vanguardia (@vanguardiacom) June 3, 2025
Según la Fiscalía, y con base en testimonios, Bonilla habría ordenado a su entonces asesora María Alejandra Benavides intervenir en el direccionamiento de tres contratos de la UNGRD, por un valor total aproximado de 92.000 millones de pesos.
Dichos contratos, asignados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), habrían sido utilizados como mecanismo para influir en congresistas de la Comisión de Crédito Público.
La intención, según el ente acusador, era lograr que varios legisladores votaran a favor de la aprobación de créditos solicitados por el Ejecutivo. Estos recursos estaban destinados a respaldar proyectos gubernamentales, pero habrían sido gestionados bajo presiones indebidas, dentro de un esquema más amplio de corrupción en la UNGRD.
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“El ministro Bonilla González le dio a usted (María Alejandra), la instrucción de recibir proyectos de inversión regional en los que estaban interesados los parlamentarios que integran la mencionada comisión. Recibida la instrucción del entonces ministro, este le manifestó a usted que los proyectos contractuales que recibirían debían ser tramitados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y que los congresistas que se beneficiarían serían los representantes a la Cámara, Wadith Alberto Manzur; Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, y los senadores Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya”, leyó la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos contra Benavides.
Bonilla se defiende
Una vez su nombre fue mencionado en el escándalo, el exministro, salió del Gobierno de Gustavo Petro y advirtió que es víctima de un linchamiento mediático y virtual por parte de “barras bravas” de sectores de oposición.
Bonilla, insiste en su inocencia, al tiempo que sostiene que no tiene “nada que ocultar” y que en su contra “no hay ninguna orden de captura”.
“No tengo nada que ocultar. Entre otras cosas, la Fiscalía no ha hablado conmigo, nadie ha hablado conmigo, ni la Corte. No existe ninguna imputación, no existe ninguna orden de captura. No tengo ni idea de las barras bravas del uribismo y Cambio Radical qué es lo que quieren presionando la calle y poniéndome en la Picota pública. Ese el hinchamiento moral es lo único que me molesta dentro de este proceso”, dijo meses atrás el exministro a la W Radio.
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Contra el exfuncionario pesan conversaciones de WhatsApp reveladas en diciembre pasado. Se trata de conversaciones entre Jaime Ramírez Cobo –exasesor de Presidencia cercano a la entonces directora del Dapre, Laura Sarabia–, María Alejandra Benavides, exfuncionaria del MinHacienda y el propio Bonilla con Sneyder Pinilla. El objetivo de la comunicación era coordinar la aprobación de tres contratos por 92.000 millones de pesos del presupuesto de la UNGRD para Cotorra (Córdoba) Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca). Lo anterior, al parecer, por presión de congresistas.
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En esa línea, Bonilla aclaró que Benavides era el enlace temporal entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso, pero que “de ninguna manera” era su mano derecha. “Nunca estuvo en los consejos directivos de la entidad. Tenía relaciones específicamente con los congresistas. Era muy cercana a los congresistas. Permanecía hablando con ellos, yo no”, agregó.
“Los proyectos no nacen de la noche a la mañana, los proyectos tienen antecedentes. Hay proyectos que vienen desde hace 10 años y que están incluso ya con conceptos de viabilidad técnica. Hay que mirar si tiene prioridad presupuestal o no. Hasta ahí llega el Ministerio de Hacienda. El Ministerio no ejecuta, no contrata ni se relaciona con contratistas. Y su única otra gran función es entregar la caja. Eso pasa cuando los proyectos están concluidos o avanzados y entonces existen cuentas de cobro”, concluyó Bonilla en la entrevista.
Tomado de El Colombiano.
