La decisión también incluye la calificación de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Publicado por: Redacción Nacional
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó este martes como “genocidio” la campaña de exterminio contra la Unión Patriótica (UP), partido colombiano de izquierdas, perpetrada principalmente entre las décadas de 1980 y 1990. El tribunal también imputó a cinco altos mandos retirados del Ejército como responsables de este crimen.
Según la JEP, “el ataque sistemático tuvo la intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica”, por lo que el hecho global fue calificado como genocidio, conforme al artículo 101 del Código Penal colombiano. La decisión también incluye la calificación de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El tribunal agregó que este genocidio dejó al menos 8.929 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas, mientras que otras 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detención arbitraria, judicialización infundada y violencia sexual.
Por estos hechos, que hicieron parte de una política contrainsurgente del Ejército en su lucha contra las FARC, la JEP imputó como coautores del crimen de genocidio a cinco oficiales retirados: el mayor general Iván Ramírez Quintero, el brigadier general Rito Alejo del Río y los tenientes coroneles Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.
#Atención | La JEP califica el ataque contra la Unión Patriótica (UP) como Genocidio e imputa responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 9, 2025
Sigue el anuncio #EnVivo de esta importante decisión: https://t.co/vPoQd29sR6
Los orígenes de la UP y el fallido intento de paz
La UP nació en 1985 como parte del intento de acuerdo de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC. Sin embargo, en los años siguientes el partido fue víctima de un exterminio sistemático. En marzo de 2020, la JEP ya había reconocido a la UP como víctima de crímenes cometidos por agentes del Estado, dentro de uno de los once macrocasos que investiga.
Para llegar a esta conclusión, la JEP examinó 34 informes, entre ellos estudios de entidades estatales como la Fiscalía, la Procuraduría y el Centro Nacional de Memoria Histórica. También revisó 29 informes de organizaciones de víctimas y realizó 139 diligencias de toma de testimonios.
Con base en esta contrastación, la Sala de Reconocimiento concluyó que la violencia contra la UP fue masiva, permanente y extendida, aunque concentrada territorialmente. La persecución se ejerció a través de múltiples formas y afectó a todos los niveles de la organización política: desde la dirigencia nacional hasta las bases locales.
El tribunal destacó que la violencia contra los militantes de la UP se extendió entre 1984 y 2002, período en el cual “no hubo un solo mes sin el reporte de un militante asesinado o desaparecido”.
Publicidad
Según la JEP, la violencia se registró en 427 municipios del país, y dejó un daño “sistémico y profundo” que afectó la paz, la institucionalidad del Estado y la integridad moral de la sociedad.
El “plan de exterminio” de la UP ya había sido reconocido por instancias internacionales. En enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado colombiano por estos hechos y le ordenó realizar un acto público de perdón. El presidente Gustavo Petro encabezó este evento el 10 de noviembre en Santa Marta.
