La Fiscalía decretó medidas cautelares sobre 23 bienes en varios departamentos del país, en un nuevo capítulo del escándalo que desvió cerca de 70.000 millones de pesos destinados al internet rural durante el gobierno de Iván Duque.
La investigación por uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país dio un nuevo giro el pasado lunes 22 de diciembre.
La Fiscalía General de la Nación decretó medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre bienes pertenecientes a varios de los implicados en el caso Centros Poblados, el entramado que terminó con el desfalco de cerca de 70.000 millones de pesos destinados a llevar conectividad a zonas rurales apartadas de Colombia.
La decisión impacta directamente a figuras clave del proceso, entre ellas el empresario Emilio José Tapia Aldana y la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, cuyo nombre vuelve a quedar en el centro del debate público por su rol durante la ejecución del fallido contrato.
23 bienes bajo la lupa de la Fiscalía
De acuerdo con el ente acusador, las medidas cautelares recaen sobre un total de 23 bienes que estarían relacionados con el contrato suscrito entre el Ministerio TIC y la Unión Temporal Centros Poblados. El avalúo preliminar de estos activos supera los 65.900 millones de pesos.
Entre los bienes afectados se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, que habrían sido adquiridos, total o parcialmente, con recursos provenientes de las irregularidades detectadas en el contrato y del anticipo entregado de manera irregular para la ejecución del proyecto.
Quiénes figuran como titulares de los bienes
Según la información oficial, los bienes estarían a nombre de Emilio José Tapia Aldana, empresario oriundo de Sahagún (Córdoba) y señalado como una de las piezas centrales del caso, así como de Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares.
Las propiedades objeto de las medidas se encuentran ubicadas en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, lo que evidencia la dimensión nacional del patrimonio que ahora busca recuperar el Estado.
Emilio Tapia, un viejo conocido en escándalos de corrupción
El nombre de Emilio Tapia no es nuevo en los expedientes judiciales del país. Además de su rol en el caso Centros Poblados, el empresario ha sido mencionado y condenado en otros procesos de corrupción, entre ellos el denominado “Carrusel de la Contratación” en Bogotá.
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La decisión de la Fiscalía se conoce, además, poco tiempo después de que la Jueza Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla le concediera la libertad condicional, una determinación que generó cuestionamientos públicos y que, según se ha informado, se sumó a actuaciones bajo revisión disciplinaria. Tapia quedó con un periodo de prueba de 27 meses y 10 días, tras haber cumplido las tres quintas partes de su condena.
Karen Abudinen y su vínculo con la decisión
En paralelo, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra Karen Abudinen, quien estuvo al frente del Ministerio TIC durante la ejecución del contrato de Centros Poblados.
De acuerdo con el ente investigador, esta decisión se adopta teniendo en cuenta la responsabilidad fiscal que le fue atribuida por la Contraloría General de la República, en relación con los recursos públicos comprometidos en el proyecto.
Bienes adquiridos con dineros ilícitos y mezclados con recursos lícitos
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía permitieron establecer que parte de los recursos desviados habrían sido utilizados para adquirir bienes que luego fueron mezclados con patrimonio de origen lícito, una práctica que dificultó el rastreo completo del dinero público comprometido.
“El uso de las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados como instrumento para la comisión de las irregularidades dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación en el proceso de extinción de dominio”, explicó el ente acusador en su comunicado oficial.
Un proyecto que prometía internet para 7.277 centros digitales
El contrato investigado tenía como objetivo la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país, una iniciativa que buscaba llevar conectividad a miles de escuelas y comunidades rurales. Sin embargo, el proyecto nunca se ejecutó conforme a lo pactado, pese a que se entregó un anticipo cercano a los 70.000 millones de pesos.
Según la Fiscalía, las medidas cautelares son de carácter exclusivamente jurídico y buscan proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en la ejecución del proyecto.
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Lo que sigue en el proceso de extinción de dominio
Las medidas fueron decretadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Ahora, la autoridad judicial correspondiente deberá definir si estas se mantienen de manera definitiva, lo que podría permitir que los bienes pasen a manos del Estado, a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para su monetización y eventual reparación del daño al erario.
Mientras tanto, el caso Centros Poblados continúa sumando capítulos judiciales y administrativos, consolidándose como uno de los símbolos del impacto que la corrupción tuvo sobre un proyecto clave para cerrar la brecha digital en las zonas más apartadas del país.
