La indagación fue abierta con el objetivo de verificar si se incurrió en una falta disciplinaria.
Publicado por: Redacción Colombia
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer si existe responsabilidad disciplinaria en un contrato de asesoría jurídica internacional suscrito por la Presidencia de la República con la firma que representa al presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, tras su inclusión en la denominada “Lista Clinton”.
El contrato, por un valor de 10.000 millones de pesos (aproximadamente 2,7 millones de dólares), fue firmado el pasado 9 de enero por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) con la firma Amadeus Consultancy Limited.
Según el objeto contractual, el acuerdo contempla la prestación de servicios profesionales altamente especializados en defensa jurídica internacional frente a eventuales sanciones financieras impuestas por autoridades extranjeras.
Hallazgos preliminares de la Procuraduría
De acuerdo con un documento del Ministerio Público, en la revisión inicial del proceso contractual se identificaron “varios elementos que ameritan evaluación disciplinaria”.
Entre los puntos señalados se encuentran la ausencia de garantías de cumplimiento, pese a tratarse de recursos públicos de alta cuantía, así como un esquema de pagos concentrado en un corto periodo de ejecución, teniendo en cuenta que el contrato tiene vigencia hasta el próximo 30 de abril.
Sanciones de Estados Unidos y la inclusión en la “Lista Clinton”
En octubre pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra el presidente Gustavo Petro, luego de que el entonces mandatario estadounidense, Donald Trump, lo acusara de ser un “líder del narcotráfico”. Le puede interesar: Denuncian millonario contrato a abogado que defendería “gratis” a Petro tras inclusión a la Lista Clinton
Además de Petro, también fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como “Lista Clinton”, su esposa Verónica Alcocer, su hijo mayor Nicolás Petro Burgos y el actual ministro del Interior, Armando Benedetti.
Estas sanciones implican el bloqueo de activos y propiedades en territorio estadounidense, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de transacción financiera con las personas incluidas en la lista.
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Dudas sobre los resultados y la eficacia del gasto público
La Procuraduría advirtió igualmente que los productos exigidos en el contrato se centran en conceptos, análisis y recomendaciones, sin que se definan resultados verificables ni indicadores de impacto que permitan evaluar la necesidad, proporcionalidad y eficacia del gasto público comprometido.
¿Desviación de poder? Señalamientos en el debate público
El Ministerio Público también mencionó que, en el debate público y en denuncias ciudadanas, se ha planteado que la finalidad real del contrato podría estar orientada a gestionar o influir en procesos relacionados con eventuales sanciones financieras internacionales que afectarían directamente al presidente Petro y a su núcleo familiar.
De confirmarse esta hipótesis, advirtió la Procuraduría, “podría configurarse una grave desviación de poder”.
Indagación preliminar y críticas de la oposición
La indagación fue abierta con el objetivo de verificar si se incurrió en una falta disciplinaria, aunque por ahora no hay personas formalmente vinculadas al proceso, precisó la entidad.
Desde la oposición, varios sectores han cuestionado el contrato y sostienen que la Presidencia estaría incurriendo en una posible ilegalidad, al utilizar recursos públicos para costear la defensa legal del mandatario en un asunto que, aseguran, no corresponde a un interés de Estado sino a una situación personal.
Efe
