Gustavo Petro nombra a Daniel Quintero como superintendente de Salud mediante decreto 433. Lea todos los detalles.
Publicado por: Redacción Colombia
El presidente Gustavo Petro oficializó, mediante el decreto 433, el nombramiento de Daniel Quintero Calle como nuevo superintendente de Salud, una decisión que ha desatado una ola de cuestionamientos en distintos sectores por su presunta vinculación a hechos de corrupción y su falta de experiencia en el sector.
Quintero reemplaza a Bernardo Armando Camacho, tras el encargo asumido por Jaime Hernán Urrego, y llega a liderar la Superintendencia en un momento crítico para el sistema de salud en Colombia, marcado por fallas en la prestación de servicios y el deterioro de varias EPS.
El exalcalde de Medellín y excandidato presidencial asumirá la vigilancia de un sistema con múltiples EPS intervenidas que, según reportes de la Contraloría, han visto afectado su funcionamiento. Su designación genera dudas debido a que no cuenta con trayectoria técnica en el área de la salud.
Las reacciones no se hicieron esperar. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, calificó el nombramiento como “un nuevo golpe” para un sistema en crisis. Además, cuestionó que Quintero no cumple con el perfil requerido y recordó las investigaciones judiciales que enfrenta.
“Ahora el señor presidente anuncia que uno de sus grandes amigos, sin perfil ni conocimiento del sistema de salud, será el nuevo superintendente”, señaló Silva, quien también advirtió sobre posibles impactos negativos en la ya debilitada estructura del sistema.
A estas críticas se sumó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien calificó la decisión como un “error grave” que afecta la imagen del Gobierno. Según indicó, la designación de Quintero representa un retroceso político y podría fortalecer a la oposición. Le puede recomendar leer: Primeros detalles: así fue el cara a cara entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Caracas
Carrillo también enfatizó que, aunque el exalcalde tiene derecho a su defensa en los procesos judiciales por presuntos delitos contra la administración pública, su llegada al cargo implica un costo político innecesario para el Ejecutivo.
