Publicado por: Editorial
Todo acto político entraña una motivación. Las actuaciones de los congresistas siempre responden a un interés. En una democracia madura, esa motivación debe estar blindada por el respeto a la Constitución Política; sin embargo, tras el episodio protagonizado ayer por la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, surgen serias dudas sobre la transparencia de sus actos y la legalidad de estos.
Pasadas las 9:00 a.m. del pasado miércoles, la congresista Gloria Arizabaleta radicó ante la Secretaría de la Comisión de Acusaciones una solicitud de medida cautelar sin precedentes en la historia del país, dentro del proceso que se adelanta contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política. En un auto de siete páginas, se ordenaba la suspensión del mandatario nacional.
Este recurso jurídico contenía un cálculo cronológico estratégico y electoral: su vigencia se extiende hasta el próximo 21 de junio, el día exacto en que los colombianos acudiremos a las urnas para la segunda vuelta presidencial.
Se afirma que en política las casualidades no existen, y el polémico intento de la presidenta de la Comisión de Acusaciones de suspender a Petro a pocos días de la segunda vuelta presidencial parecería demostrarlo. Vincular la inusual celeridad de este expediente con las viejas alianzas entre Gloria Arizabaleta y Roy Barreras es un ejercicio de lógica elemental que hoy hace la opinión pública. Lo ocurrido, según expertos, no fue un error: se trató de un intento de instrumentalización jurídica que exige responsabilidades claras.
Esta decisión generó un terremoto político por la falta de sustento legal. En lo que analistas califican como un error inexcusable para cualquier legislador, Gloria Arizabaleta pasó por alto que solo el Senado en pleno puede determinar la suspensión de un aforado como el presidente. Para que esto ocurra, advierten juristas, la Cámara de Representantes toma la decisión por mayoría de enviar el expediente al Senado de la República que, valga la pena aclararlo, nunca ha decidido sobre la continuidad de un presidente en ejercicio. Para que este hecho se materialice, la Comisión de Acusaciones debe aprobarlo y enviarlo a la Cámara de Representantes.
La incertidumbre jurídica en la que quedó sumergido el país horas después demostró la improvisación de la decisión. Gloria Arizabaleta se vio obligada a enviar otro documento a la Comisión de Acusaciones para que sea esta, en pleno, la que decida si se suspende o no al presidente Gustavo Petro por participar indebidamente en política a favor del candidato Iván Cepeda. La representante a la Cámara del Pacto Histórico aclaró que para que la suspensión sea efectiva esta célula legislativa debe votarla, según lo establecido en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019.
En un país con nuestra historia, cualquier anuncio que sugiera la suspensión del presidente en funciones puede interpretarse como un golpe institucional encubierto y, aunque los medios de comunicación pusieron el tono de veracidad y prudencia rápidamente, eso no puede justificar la conducta de quien debía destacarse por la prudencia.
Es hora de exigir sindéresis, y exigirla con vehemencia. Todos los actores políticos y sus seguidores deben entender que la Nación entera está involucrada a fondo en este proceso, por lo que no se puede permitir que la institucionalidad del país se convierta en una ficha más del tablero electoral, como pudo ser el caso de usar la Comisión de Acusaciones contra un candidato o a favor de otro. Las instituciones no pueden quedar en manos de quienes no respetan su valor democrático. Quienes dirigen las tres ramas del poder público tienen la obligación de contribuir con la serenidad del proceso electoral, no con su desestabilización.
Las interpretaciones sobre las razones para que la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, desatara semejante tormenta política son diversas. En este cálculo resulta inevitable examinar los hilos políticos: desde los estrechos vínculos de la congresista del Pacto Histórico con el experimentado Roy Barreras hasta la inusual celeridad de este expediente en comparación con otros procesos más críticos que arrastra el presidente Gustavo Petro, como la investigación por la presunta violación de topes financieros en su campaña. En medio de tantas variables, la gran incógnita regresa al punto de partida: ¿qué motivación tuvo Gloria Arizabaleta para tomar esta decisión, que luego reversó?
Por eso se hace imperativo llamar la atención de los protagonistas de esta contienda electoral para que entiendan que la democracia está sobre la mesa y que la gente lo que quiere es que superen la tentación de usar las instituciones como elementos de combate. Un episodio tan errático como el de la representante Arizabaleta no puede convertirse en una anécdota más de la campaña presidencial, sino que deben establecerse claramente tanto su responsabilidad como la de quienes hayan participado, por error o premeditación, en los injustificables hechos de ayer, que polarizan al país en un momento en que se exige madurez, sensatez y grandeza a sus dirigentes.
