El gobierno Petro, mediante el decreto, buscaba recaudar cerca de $16 billones para atender compromisos fiscales.

Publicado por: Redacción Nacional
El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó con dureza la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera temporal el decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social, al advertir que la medida favorece a los sectores con mayores ingresos y perjudica a las clases menos favorecidas.
Según el jefe de la cartera política, la determinación del alto tribunal inclina la balanza a favor de quienes concentran mayores recursos económicos, al frenar un mecanismo que, a juicio del Gobierno, buscaba aliviar el déficit fiscal sin trasladar la carga a los sectores vulnerables. Entérese: Suspenden decreto de emergencia económica de Petro: lo que implica la decisión de la Corte
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Benedetti expresó su inconformidad con la suspensión del decreto y apuntó directamente contra el impacto social de la decisión judicial.
No hay derecho. Al suspender provisionalmente la Emergencia Económica se está protegiendo a los megarricos. pic.twitter.com/0UlK6Elzti
— Armando Benedetti (@AABenedetti) January 29, 2026
“Al acabar la Emergencia Social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre $3.000 y $104.000 millones de pesos; no hay derecho que esto haya pasado”, afirmó el ministro.
La decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto
La suspensión fue adoptada por la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, y dejó en pausa los efectos de la norma extraordinaria mientras la Sala Plena emite una sentencia definitiva de fondo sobre su constitucionalidad.
El decreto había sido justificado por el Gobierno como un instrumento excepcional para recaudar cerca de $16 billones, recursos que, según el Ejecutivo, eran necesarios para atender compromisos fiscales urgentes.
De acuerdo con el Gobierno, los fondos permitirían cubrir el déficit del sistema de salud y cumplir con el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). No obstante, la Corte evalúa si la situación alegada por el Ejecutivo corresponde a un hecho sobreviniente o si, por el contrario, se trata de un problema estructural que debía tramitarse por la vía ordinaria en el Congreso.

Este análisis será clave para determinar la constitucionalidad del uso del Estado de Emergencia como herramienta fiscal.
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El argumento del Gobierno sobre el déficit fiscal
Benedetti explicó que la declaratoria de la emergencia fue el recurso elegido para enfrentar el déficit fiscal, al advertir que el desbalance en las cuentas públicas compromete obligaciones constitucionales del Estado.
“No hay con qué pagar la deuda, y la deuda se debe pagar por Constitución, lo mismo que los temas de seguridad social”, señaló el ministro.
Finalmente, el ministro sostuvo que la intención del Gobierno del presidente Gustavo Petro era que fueran los sectores con mayores ingresos los que asumieran el costo del déficit a través de una serie de impuestos temporales.
De lo contrario, advirtió Benedetti, “lo terminan pagando los sectores más vulnerables, porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales”.















