Según cifras expuestas por la congresista Katherine Miranda, en los días previos a la Ley de Garantías se disparó la contratación estatal en Colombia, lo que reaviva el debate sobre el uso político de los recursos públicos.
Publicado por: Redacción Tendencias
A pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, la contratación estatal en Colombia volvió a generar cuestionamientos. La representante a la Cámara Katherine Miranda alertó sobre un incremento atípico en la firma de contratos de prestación de servicios durante enero, justo antes de que empezaran a regir las restricciones propias del periodo electoral.
Según los datos divulgados por la congresista, en los primeros 29 días del mes se habrían celebrado más de 100.700 contratos, comprometiendo recursos cercanos a los 6 billones de pesos. El mayor pico se presentó en la recta final: en apenas los últimos ocho días se firmaron 51.496 contratos, lo que representa más de la mitad del total registrado en ese lapso.
Para Miranda, quien también aspira al Senado por la Alianza Verde, este comportamiento no responde a una planificación administrativa ni a una demanda súbita de servicios por parte del Estado. En su criterio, las cifras “configuran un patrón que prende las alarmas sobre un eventual uso político de la contratación pública en la antesala de las restricciones electorales”. Lea también: Petro denuncia bloqueo institucional y propone una reforma constituyente
La congresista advirtió que este escenario pone en entredicho la transparencia del proceso democrático y señaló que existe el riesgo de que la institucionalidad se utilice como un mecanismo de favores burocráticos para asegurar apoyos políticos.
Contratación y alertas en el umbral electoral
Miranda también subrayó que varias de las entidades con mayor volumen de contratación tienen funciones territoriales y estratégicas, lo que, a su juicio, incrementa la posibilidad de que los recursos públicos terminen siendo instrumentalizados con fines electorales.
En ese marco, insistió en que la preocupación trasciende cualquier orilla partidista. “No se trata de una disputa ideológica, sino de una advertencia institucional y democrática. La contratación del Estado no puede convertirse en un instrumento de presión política ni en un factor que altere las condiciones de equidad en una contienda electoral”, sostuvo.
Por último, la representante hizo un llamado a los organismos de control para que examinen con detalle este pico de contratación, determinen eventuales responsabilidades y garanticen que los recursos públicos no sean utilizados con propósitos proselitistas.
