Despidos masivos, declaratorias de insubsistencia y reacomodos de personal en varias entidades del Gobierno nacional han encendido las alarmas políticas y sindicales, a pocos días de que la Ley de Garantías Electorales congele las modificaciones en la nómina pública.
Publicado por: John Arias
A cuatro días de que entre en vigor la Ley de Garantías Electorales, que restringe modificaciones a la nómina pública durante periodos electorales, múltiples entidades del Gobierno nacional han ejecutado cambios significativos en sus plantas de personal. Los movimientos han despertado críticas de la oposición y organizaciones sindicales, que cuestionan la oportunidad y legalidad de las desvinculaciones.
El 31 de enero de 2026 marca el inicio de las restricciones de la Ley de Garantías para el orden nacional, fecha a partir de la cual las entidades del Gobierno central no podrán crear, suprimir o modificar empleos, salvo contadas excepciones. Sin embargo, en los días previos a este plazo, instituciones como el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Tecnologías de la Información (MinTIC) y la Unidad Nacional de Protección (UNP) han protagonizado cambios abruptos en sus nóminas que han encendido alertas políticas.
Entre las preocupaciones expresadas por sindicatos se encuentran funcionarios con más de 20 años de experiencia y trabajadores con estabilidad laboral reforzada, como empleados próximos a cumplir requisitos de pensión y personas con condiciones médicas especiales. Estos perfiles gozan de protecciones constitucionales adicionales que, según organizaciones laborales, podrían haber sido vulneradas.
Ruth Adriana Ruiz Alarcón, profesora de la Universidad de Santander (UDES), doctora en Derecho y especialista en Relaciones Laborales y Derecho Comercial, aseguró que estas decisiones impactan a un alto número de funcionarios públicos al afectar su estabilidad laboral, mínimo vital y otros derechos laborales, según cada caso.
No obstante, recalcó que “no podría asegurar que se trató de una jugada con fines electorales. Pero sí es una decisión que, a la luz del derecho laboral, podría configurar un despido colectivo de acuerdo con el número de trabajadores. Esta figura aplica para el sector público y privado y se encuentra regulada en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, por medio del cual se modificó el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, y para tales efectos se requiere la autorización del Ministerio del Trabajo”.
De acuerdo con la abogada, se debe revisar cada caso para determinar si se vulneró a personas con discapacidad, prepensionadas, trabajadores con condición de salud disminuida o madres cabeza de familia que gozan de una estabilidad laboral reforzada. “Podrían ejercer los mecanismos de protección constitucional, como la acción de tutela u otras acciones judiciales. Personas con tanta trayectoria en estos cargos indican confianza y lealtad, y su despido podría afectar el normal desarrollo de sus procesos”, subrayó.
Ante estas denuncias, la experta reiteró que “es importante que la Procuraduría General de la Nación, siendo la entidad encargada de investigar disciplinariamente los despidos y vinculaciones masivas en entidades públicas previo a elecciones, especialmente ante la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, se pronuncie al respecto”.
Por su parte, Alejandro Toca, coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano, considera que en la administración pública, un remesón justo antes de que entren restricciones electorales sí enciende alertas, “porque puede buscar dejar instalada una nueva cadena de mando o reacomodar equipos antes del periodo de mayor escrutinio. Dicho esto, no basta el hecho del despido para afirmar intención electoral. Lo que debe mirarse es el patrón, a quién retiran, qué perfiles entran, bajo qué modalidad, si es planta provisional, si es una OPS o CPS, qué justificaciones quedan en los actos administrativos y si hay decisiones que aumentan la discrecionalidad o la contratación sensible”.
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Toca subrayó que este año la discusión sobre ley de garantías pondrá el foco en dos cosas muy concretas: que la contratación y los movimientos de personal no se conviertan en maquinaria, premios, castigos políticos y que cualquier cambio tenga trazabilidad administrativa, un acto administrativo, una motivación, estudio técnico, un mismo empalme. “Por eso, cuando hay una ola de retiros justo antes de ese periodo, el punto no es si es ilegal, sino si aumenta la discrecionalidad y reduce controles en un momento especialmente sensible”, advirtió.
Despidos en el Dapre
Esta semana se denunció que cerca de 30 funcionarios fueron declarados insubsistentes tras la llegada de Nhora Mondragón como nueva directora del Dapre. En diálogo con Blu Radio, Carolina Calderón, quien se desempeñaba como jefe de prensa del DAPRE, calificó esta decisión como una “canallada y un acto real de sevicia”.
Señaló Calderón que estas decisiones son inesperadas porque contradicen totalmente las órdenes del presidente Gustavo Petro, quien había señalado en un consejo de ministros que no iba a realizar despidos por ideología política o por vínculos con otros gobiernos. “Hay que andar con cuchillo en Palacio”, aseguró Calderón, al referirse a la necesidad de andar con cuidado en las instalaciones de Presidencia ante este ambiente hostil y estos despidos que se realizaron de forma inesperada.
La Casa de Nariño se vio obligada a pronunciarse. A través de un comunicado oficial, la Presidencia confirmó la desvinculación de 12 personas, pero defendió la decisión argumentando que se trataba de empleados de la pasada administración, que trabajaron con Angie Rodríguez, anterior directora del departamento. “Al llegar una nueva administración se considera que están a disposición del nuevo director o directora, quien conformará su equipo cercano”, afirmaron.
El comunicado subraya que los funcionarios despedidos contaban con una vinculación de “libre nombramiento y remoción” y que, por tanto, no formaban parte de la carrera administrativa ni habían ingresado por concurso. La Presidencia citó jurisprudencia de la Corte Constitucional para respaldar la legalidad de las desvinculaciones.
Cancillería en el ojo del huracán
Más allá de las cifras oficiales, las denuncias apuntan a despidos masivos no solo en la Presidencia, sino también en la Cancillería. El sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO) advirtió sobre declaratorias de insubsistencia en embajadas y consulados colombianos en el exterior, así como desvinculaciones en la planta interna del ministerio que incluyen cargos considerados críticos para su funcionamiento.
Tras conocerse esta situación, la senadora María Fernanda Cabal solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación una intervención inmediata y vigilancia preventiva sobre las decisiones recientes de la canciller Rosa Villavicencio. “Cambios abruptos de personal, falta de transparencia en los nombramientos y ausencia de diálogo institucional son señales graves de una posible afectación al servicio exterior y al derecho al voto de millones de colombianos en el exterior”, aseguró.
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La alerta de Cabal retoma las preocupaciones expresadas por la UNIDIPLO, que ha manifestado inquietud por los masivos cambios de personal al interior del Ministerio. Una de las implicaciones más graves que señala la senadora Cabal es el potencial impacto sobre la organización del voto en el exterior. “Que se ejerza vigilancia preventiva sobre los efectos de estas decisiones y que, de considerarlo procedente, se adopten las medidas preventivas o disciplinarias a que haya lugar, con el fin de salvaguardar el interés general y la institucionalidad del servicio exterior”, dijo la congresista.
Durante una rueda de prensa, la ministra Villavicencio indicó que se declaró insubsistente a menos del 4 por ciento de los trabajadores de libre nombramiento y remoción, lo que equivale a cerca de 120 funcionarios. “Son procesos que vienen de tiempo atrás, no son precisamente de este momento”, respondió.
Con elecciones legislativas programadas para marzo y presidenciales para mayo de 2026, los consulados y embajadas juegan un papel crucial en garantizar el ejercicio democrático de millones de colombianos residentes en el extranjero. Los cambios de personal en plena etapa preelectoral, argumenta Cabal, no solo ponen en riesgo la logística del proceso electoral internacional, sino que podrían constituir una violación directa de la Ley de Garantías Electorales, diseñada precisamente para evitar que modificaciones en la nómina afecten la equidad de las contiendas.
La cercanía temporal con la entrada en vigor de la Ley de Garantías ha convertido estos movimientos en un foco de controversia política. La norma, diseñada para congelar cambios en la nómina estatal durante periodos electorales, busca evitar que el poder público se use para favorecer candidaturas o castigar opositores. Sin embargo, la ventana de tiempo antes de su activación parece haber sido aprovechada para reacomodar cargos públicos de manera acelerada, intensificando las sospechas sobre posibles maniobras políticas.
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Implicaciones políticas en año electoral
Este episodio abre un nuevo frente de tensión política para el Gobierno en un año decisivo. Con elecciones legislativas en marzo y presidenciales en mayo, cualquier acción que pueda interpretarse como uso indebido del aparato estatal será escrutada con lupa tanto por la oposición como por organismos de control y veeduría electoral.
La Ley de Garantías, que entrará en vigor el 31 de enero para el orden nacional, prohibirá durante seis meses cualquier modificación a la nómina, salvo excepciones muy específicas relacionadas con seguridad, emergencias y concursos de méritos. El espíritu de la norma es garantizar que ningún sector político pueda usar el empleo público como herramienta electoral.
Sin embargo, la percepción de que el Gobierno aprovechó los últimos días antes de la restricción para ejecutar cambios masivos en la nómina podría alimentar narrativas de clientelismo y manipulación institucional, temas sensibles en un país donde históricamente el manejo de recursos públicos ha estado en el centro de debates sobre corrupción y democracia.
Los próximos días serán cruciales. La respuesta de la Procuraduría a la solicitud de la senadora Cabal, las eventuales investigaciones disciplinarias y el posicionamiento de otras organizaciones de control marcarán el rumbo de esta controversia. Mientras tanto, los funcionarios despedidos evalúan acciones legales, y el Gobierno se prepara para defender sus decisiones en un escenario político cada vez más polarizado, a meses de las elecciones más importantes del cuatrienio.
