La política de paz total vuelve al centro del debate. Un nuevo informe de Asocapitales cuestiona sus resultados y advierte que el país enfrenta un deterioro en la seguridad.
Publicado por: Colprensa
Un informe de Asocapitales cuestiona duramente la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro y critica cómo esta política ha provocado el aumento de la violencia estructural en Colombia.
La organización que agrupa a las ciudades capitales sostiene que no se observan resultados en la contención de la violencia; por el contrario, se registra la expansión de grupos armados, el fortalecimiento de economías ilegales y un aumento sostenido de delitos de alto impacto.
“Lo que estamos viendo en distintas regiones del país es una señal clara de que la política de Paz Total no está logrando contener ni reducir la violencia. Las ciudades capitales están asumiendo las consecuencias de un modelo que no está garantizando seguridad en el territorio”, afirmó Andrés Santamaría, director de Asocapitales.
Pese a la ola de atentados en el suroccidente del país y a los señalamientos del presidente Petro de que “no hay un caos de seguridad como se anuncia” y que los hechos violentos “son los más bajos desde 1993”, las cifras presentadas por Asocapitales lo contrastan.
Más de 88.100 personas desplazadas masivamente en 2025, la cifra más alta en 18 años. A esto se le suma 701 secuestros, el nivel más alto en diez años, con un aumento del 124 %.
En el informe insisten en que la política de paz total del gobierno de Petro ha facilitado el fortalecimiento de los grupos armados, ya que estos se aprovecharon de los procesos de diálogo con el gobierno para incrementar su presencia en algunos territorios en más del 100 %.
“No puede haber beneficios sin resultados. Una política de paz sin condiciones verificables de seguridad termina debilitando la capacidad del Estado y fortaleciendo a las estructuras criminales”, señaló Santamaría.
A esto se suman las designaciones de gestores de paz, donde advierten que 75 personas con antecedentes o condenas penales —que suman más de 1.246 años— han recibido beneficios jurídicos sin resultados verificables en reducción de la violencia.
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Estos beneficios otorgados por el gobierno han sido utilizados por los criminales y los grupos armados, quienes además se aprovechan de las fallas estructurales en la justicia. Por ejemplo, el 93 % de los homicidios permanece en la impunidad, 11 alcaldes han sido amenazados y el crimen organizado controla barrios en ciudades como Cali, Barranquilla y Cúcuta.
14.038 homicidios en 2025, el año más violento de la última década.
Llamado urgente
Frente a este panorama crítico de violencia e inseguridad, Asocapitales hizo un llamado al Gobierno Nacional para replantear la política de seguridad y paz, priorizando el fortalecimiento del pie de fuerza y atacar estructuralmente las economías ilegales. A esto se suma una revisión de las gestorías de paz y la necesidad de tener procesos de diálogo con verificación independiente y resultados medibles.
“Colombia necesita una política de paz que esté acompañada de una política de seguridad sólida. Sin control territorial, sin justicia efectiva y sin coordinación con las ciudades, no hay paz sostenible”, concluyó Santamaría.
13.417 casos de extorsión en 2025, una de las cifras más altas registradas.
Advirtieron que las ciudades capitales no solo concentran los principales riesgos en materia de seguridad, sino que también son clave para la solución. Por eso, “se hace un llamado al Gobierno Nacional para trabajar conjuntamente en soluciones efectivas que reflejen resultados con prontitud”.
