El Gobierno nacional podrá expedir decretos con fuerza de ley para adoptar decisiones extraordinarias.
Publicado por: Redacción Nacional
El Gobierno Petro decretó la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del país para enfrentar los efectos de las fuertes lluvias que han golpeado especialmente a la costa norte de Colombia.
La medida quedó consignada la noche del miércoles en el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026 y tendrá una vigencia de 30 días calendario. Entérese: Impuesto al patrimonio de nueva emergencia económica afectará a 15.000 empresas
Los departamentos cobijados por la declaratoria son: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
¿Para qué se decretó la emergencia económica?
La declaratoria busca atender y mitigar los efectos del invierno, que ha provocado afectaciones en distintos territorios del norte del país.
Con esta medida, el Ejecutivo podrá expedir decretos con fuerza de ley para adoptar decisiones extraordinarias que permitan responder a la emergencia climática.
Aunque el decreto no incluye todavía las medidas específicas, el Gobierno ha señalado que se trata de acciones urgentes para enfrentar los impactos sociales, económicos y ambientales derivados de las lluvias.
El Gobierno ya había advertido que declararía un nuevo estado de emergencia si la Corte Constitucional no levantaba la suspensión del estado de emergencia económica que fue declarado en diciembre. Le sugerimos leer: Gobierno estima en $8 billones el costo de la emergencia por inundaciones en el Caribe
El presidente Gustavo Petro solicitó al alto tribunal revocar esa suspensión, decisión que finalmente no prosperó, lo que llevó a la expedición del nuevo decreto.
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Impuesto al patrimonio
Aunque el decreto de declaratoria no contiene aún las medidas concretas, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó que se establecería un impuesto al patrimonio para empresas con patrimonios superiores a $10.400 millones.
La tarifa propuesta sería del 0,6% del patrimonio, pero aumentaría al 1,2% para patrimonios superiores a $31.424 millones.
La iniciativa ya generó rechazo en el sector empresarial.
Bruce MacMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), advirtió que el gravamen reduciría significativamente la capacidad de inversión de las compañías, lo que podría traducirse en un menor crecimiento económico para el país.
