La nueva Ley 2573 de 2026 obliga a bancos, operadores móviles y comercios a suspender cobros, intereses y reportes negativos mientras se investigan casos de suplantación de identidad en Colombia.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La suplantación de identidad dejó de ser un problema aislado para convertirse en una de las principales preocupaciones de los usuarios del sistema financiero colombiano. Frente al aumento de fraudes digitales y denuncias relacionadas con créditos, líneas móviles y compras hechas a nombre de terceros, el Gobierno nacional puso en marcha una nueva normativa que busca proteger a las víctimas y frenar afectaciones económicas y reputacionales.
La Ley 2573 de 2026, que entró en vigencia el pasado 19 de mayo, obliga a bancos, operadores de telecomunicaciones y establecimientos comerciales a suspender de inmediato los cobros y reportes en centrales de riesgo cuando un ciudadano denuncie haber sido víctima de suplantación de identidad.
Suspensión inmediata de cobros y reportes en Datacrédito
Con la nueva legislación, las entidades deberán detener intereses, gastos de cobranza y cualquier reporte negativo ante centrales como Datacrédito o Cifin mientras se verifica la reclamación presentada por el usuario.
La medida representa un cambio importante frente a lo que ocurría anteriormente, cuando muchas víctimas debían continuar enfrentando cobros e incluso afectaciones en su historial crediticio mientras intentaban demostrar el fraude.
Además, la ley establece que las empresas deberán marcar estos casos como “víctima de falsedad personal”, evitando que el proceso impacte el puntaje financiero del afectado.
Otro de los puntos clave de la norma es que las compañías estarán obligadas a entregar a la persona presuntamente suplantada toda la documentación utilizada para aprobar el producto o servicio adquirido de manera fraudulenta. Otras noticia: ¿Cómo salir de Datacrédito? Guía paso a paso para solicitar la eliminación de deudas prescritas
Las empresas deberán probar la autenticidad
La nueva regulación también modifica la carga de la prueba en este tipo de procesos. Ahora serán las entidades financieras, operadores móviles o comercios quienes deberán demostrar que la operación fue legítima y autorizada realmente por el usuario.
La normativa fija un plazo máximo de diez días hábiles para responder las reclamaciones relacionadas con suplantación de identidad.
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Si durante la verificación se identifican evidencias claras de fraude, las empresas deberán absolver al ciudadano de cualquier obligación económica y desvincularlo completamente de la deuda o servicio adquirido.
Incluso, la ley señala que no será obligatorio presentar una denuncia previa ante la Fiscalía para que la víctima pueda acceder a estas medidas de protección.
También habrá protección ante la DIAN
La Ley 2573 también contempla medidas tributarias para evitar que las víctimas enfrenten consecuencias fiscales derivadas de operaciones realizadas por delincuentes usando su identidad.
En esos casos, las entidades deberán informar la situación a la DIAN para impedir que el ciudadano termine respondiendo por movimientos financieros o actividades comerciales que nunca autorizó.
El crecimiento de este tipo de delitos ha encendido las alertas en el país. Según cifras divulgadas por el diario Portafolio, durante 2025 se reportaron más de 62.000 denuncias por delitos informáticos en Colombia, mientras que en lo corrido de 2026 ya se superan los 5.000 casos registrados ante las autoridades.
El aumento coincide con la expansión de las transacciones digitales. Actualmente, más del 80 % de las operaciones bancarias en Colombia se realizan a través de canales virtuales, un escenario que ha incrementado los intentos de fraude y robo de identidad. También te puede interesar: Se hundió ley de ‘borrón y cuenta nueva’: millones de colombianos seguirán en Datacrédito
Fraudes digitales siguen creciendo en Colombia
Un estudio realizado por Datacrédito Experian reveló que el 36,6 % de los encuestados aseguró haber sido víctima de algún tipo de fraude durante el último año.
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El informe también mostró que las personas de estrato tres concentran la mayor cantidad de casos reportados, seguidas por ciudadanos de estratos dos y cuatro.
Expertos en seguridad digital advierten que, aunque la nueva ley fortalece la protección a los consumidores, sigue siendo fundamental mantener medidas preventivas como verificar movimientos bancarios, evitar compartir datos personales y activar mecanismos de autenticación en plataformas financieras.
