El incremento del 25 % en el cobro del agua en Bucaramanga, Girón y Floridablanca pone en alerta a usuarios y lleva a Asocapitales a solicitar la revisión del nuevo esquema tarifario.
El anuncio de un incremento del 25 % en la tarifa del servicio de acueducto en Bucaramanga no solo ha generado preocupación entre miles de usuarios del área metropolitana, sino que también encendió las alarmas entre los alcaldes de las principales ciudades del país.
Ante el impacto que comenzará a sentirse en los hogares con las facturas que se expedirán a partir de septiembre, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) solicitó al Gobierno Nacional revisar el nuevo marco tarifario definido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), al considerar que el ajuste tendrá un efecto directo sobre la economía de las familias.
Para los usuarios de Bucaramanga, el aumento representa un nuevo golpe al presupuesto mensual, especialmente en un momento en el que el costo de los servicios públicos y otros gastos básicos continúa presionando las finanzas de los hogares. (Lea además: Solicitan aplazar aumento del 25 % en la tarifa del agua en Bucaramanga y el área)
El pago del recibo del agua absorberá una mayor parte de los ingresos familiares, una situación que preocupa a quienes ya enfrentan dificultades para cubrir obligaciones como alimentación, transporte, energía y vivienda.
La inquietud no es exclusiva de la capital santandereana. En Bogotá, las nuevas tarifas ya comenzaron a reflejarse en las facturas de los usuarios, mientras que en otras ciudades existe expectativa por el impacto que tendrá la implementación del nuevo modelo tarifario. Esa situación llevó a Asocapitales a advertir que, si no se revisa la metodología, el incremento podría extenderse progresivamente a la mayoría de capitales del país.
El nuevo esquema establecido por la CRA modifica la forma como se calcula la tarifa del servicio de acueducto. Entre los principales cambios se encuentran la actualización de los costos de referencia con base en valores de 2024, la modificación de la rentabilidad reconocida a las empresas prestadoras y la posibilidad de trasladar a la tarifa el reconocimiento de inversiones realizadas en la infraestructura del servicio. Aunque el porcentaje de aumento variará según las condiciones de cada empresa y de cada ciudad, el costo final será asumido por los usuarios a través de sus facturas.
Expertos han señalado que la actualización del marco tarifario busca garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas de acueducto y permitir nuevas inversiones en la prestación del servicio. Sin embargo, también advierten que el momento elegido para aplicar estos ajustes genera preocupación, debido al efecto que tendrá sobre los hogares, especialmente aquellos de ingresos medios y bajos, que destinan una parte importante de su presupuesto al pago de los servicios públicos.
En Bucaramanga, el anuncio del incremento se suma al creciente inconformismo ciudadano. Vecinos de distintos sectores, organizaciones sociales y líderes de veedurías han solicitado aplazar la entrada en vigencia del aumento mientras se estudian alternativas que mitiguen su impacto. Paralelamente, han promovido acciones judiciales con el propósito de suspender la aplicación del nuevo esquema tarifario y revisar la legalidad de las decisiones adoptadas.
Para Asocapitales, la preocupación trasciende el caso de Bucaramanga. La agremiación insistió en que el Gobierno Nacional y la CRA deben revisar la metodología antes de que sus efectos se generalicen en el país, al considerar que el acceso al agua potable no solo debe garantizar la sostenibilidad de los prestadores del servicio, sino también proteger la capacidad de pago de los usuarios y evitar que las tarifas se conviertan en una carga desproporcionada para las familias colombianas.
