El nuevo esquema busca que la evaluación de los aspirantes a una licencia se realice de manera independiente a las escuelas de conducción.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Obtener o recategorizar la licencia de conducción en Colombia podría ser más costoso con la implementación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE). El valor del trámite, que actualmente ronda los $1,4 millones, podría alcanzar los $2,2 millones, es decir, hasta $800.000 más.
Ante este posible incremento, el Ministerio de Transporte decidió aplazar la entrada en operación de los CALE. La determinación fue comunicada este viernes 28 de agosto y tiene como propósito revisar la estructura del modelo y los costos que asumirían los ciudadanos.
El nuevo esquema busca que la evaluación de los aspirantes a una licencia se realice de manera independiente a las escuelas de conducción. Estas últimas continuarían encargándose de la formación, mientras que los CALE verificarían si las personas cuentan con los conocimientos y las habilidades necesarias para conducir.
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El posible aumento en el precio del trámite es uno de los aspectos que llevó al Ministerio a detener temporalmente la puesta en marcha de los centros.
La revisión busca establecer si los costos adicionales que asumirían los ciudadanos están justificados y si guardan relación con los resultados que se esperan obtener en materia de seguridad vial.
“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.
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La funcionaria también señaló que el Gobierno cumplirá lo establecido en la Ley 2251 de 2022, aunque antes evaluará el impacto económico que tendría el modelo para los ciudadanos.
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¿Qué revisará el Gobierno sobre los CALE?
La revisión incluye la capacidad de los centros que están registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), institución que está vinculada al esquema mediante un contrato interadministrativo.
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El Ministerio también estudiará la legalidad de dicho contrato y si los costos asociados al modelo tienen una relación con los beneficios que se buscan alcanzar para la seguridad vial.
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Otro de los asuntos bajo revisión es la participación de la UNAD. Según el Ministerio, esta institución quedó como operadora de los CALE, pese a que otras universidades públicas expresaron su interés en hacer parte del proceso y señalaron que cumplían con los requisitos.
