Incidentes de desacato y arrestos reflejan fallas estructurales que afectan a pacientes y saturan despachos judiciales.
Publicado por: Redacción Vanguardia
En los despachos judiciales de Medellín se repite una escena que, para muchos usuarios del sistema de salud, se ha vuelto cotidiana. Expedientes que reclaman cirugías, medicamentos o citas con especialistas llegan a diario a los juzgados, mientras pacientes y familiares esperan que una orden judicial logre destrabar trámites que, en algunos casos, llevan meses sin resolverse.
Aunque las estadísticas evidencian una leve disminución frente al año anterior, la magnitud del fenómeno mantiene en alerta a autoridades y organizaciones civiles. La situación no solo impacta al sistema judicial por la carga procesal, sino que deja en evidencia fallas estructurales en la garantía del derecho fundamental a la salud.
Aumento sostenido de tutelas por salud
Con casi 70 tutelas diarias relacionadas con servicios médicos, Medellín se consolidó durante 2025 como la ciudad del país donde más se interpone este mecanismo constitucional por asuntos sanitarios. Según datos de Medellín Cómo Vamos, en la capital antioqueña se radicaron 24.541 acciones de tutela por temas de salud el año pasado. Aunque la cifra representa cerca de 400 menos que en 2024, el promedio de 67 recursos diarios resulta preocupante.
El recurso de tutela, concebido como una herramienta excepcional para la protección inmediata de derechos fundamentales, se ha convertido en la práctica en la vía ordinaria para exigir procedimientos, tratamientos o entrega de medicamentos. La crisis del sistema, reflejada en demoras para la práctica de intervenciones, atención de enfermedades y suministro oportuno de fórmulas médicas, ha trasladado el escenario de los consultorios a los estrados judiciales.
La tasa de tutelas en Medellín alcanza casi 10 por cada mil habitantes, la más alta del país. En contraste, ciudades como Cali registran cinco por cada mil habitantes, Cartagena cuatro y Barranquilla tres, lo que evidencia una marcada diferencia regional en el uso de este mecanismo.
Fallos judiciales que no siempre se cumplen
Uno de los casos recientes que puso en el centro del debate el incumplimiento de órdenes judiciales fue el incidente de desacato que derivó en un arresto de dos días para el agente interventor y el gerente regional de Nueva EPS, tras no acatar un fallo relacionado con procedimientos para una paciente cardíaca en un hospital de Envigado. El hecho, sin embargo, no es aislado.
A pesar de contar con decisiones favorables, algunos usuarios aseguran que las entidades promotoras de salud continúan sin ejecutar lo ordenado por los jueces. Mónica Isabel Uribe, hija de una mujer de 92 años que requiere el cambio de su marcapasos, señaló en Blu Radio que, aun con un incidente de desacato a su favor, la respuesta no ha llegado.
“No han llegado ni llamadas telefónicas ni respuestas al Manuel Uribe, que ahí es donde debe llegar la remisión. Para mi mamá no ha llegado nada; no se han pronunciado en ningún momento. No hemos tenido ninguna llamada de ellos”, afirmó.
La reiteración de estos episodios ha encendido las alarmas sobre la efectividad real de los fallos y la capacidad de las EPS para cumplir con las órdenes judiciales. Mientras tanto, pacientes y familiares continúan recurriendo a la tutela como último recurso para salvaguardar su salud, en medio de largas filas, extensas llamadas y trámites que no encuentran solución oportuna.
