Petro quiere impulsar la rehabilitación del gasoducto con Venezuela en medio de alerta por reservas de gas.
En el marco de un renovado impulso a las relaciones bilaterales y la integración económica regional, las autoridades de Colombia y Venezuela han dado un paso decisivo hacia la recuperación de una infraestructura que permaneció en el olvido durante casi una década.
La decisión, que involucra una compleja coordinación institucional, busca no solo restaurar la conexión física entre ambas naciones, sino también garantizar la seguridad energética del país frente a los desafíos que plantean las proyecciones de consumo para los próximos años.
El anuncio se produce tras una reunión de alto nivel celebrada en Bogotá, donde participaron delegados de los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con representantes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la filial colombiana de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA).
El objetivo central de este encuentro fue establecer los lineamientos técnicos y legales para la intervención de cinco kilómetros críticos del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, tramo que requiere una reparación inmediata para retomar el flujo de hidrocarburos. Además: ¿Es posible que Colombia reciba gas desde Venezuela? La infraestructura no estaría lista
Reactivación de licencias y obras en la frontera
Uno de los puntos neurálgicos del acuerdo radica en el levantamiento de las barreras administrativas que han frenado el mantenimiento de la red. Según informó la cartera de Minas a través de un comunicado oficial, el compromiso inmediato es reactivar la licencia ambiental del proyecto, la cual se encuentra suspendida desde el año 2019.
Este paso es calificado por el Gobierno nacional como un «requisito indispensable» para iniciar las obras de reposición de la tubería que, tras años de inactividad, sufrió el desmantelamiento de varias de sus secciones en territorio nacional.
La urgencia de estas tareas responde a una instrucción directa del Palacio de Nariño, previo al encuentro diplomático que sostendrán este viernes Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La cita tendrá lugar en el puente internacional Atanasio Girardot, punto estratégico que conecta al departamento de Norte de Santander con el estado Táchira, y donde se espera que la agenda energética ocupe un lugar protagónico. Lea también: ¿Cuánto tiempo tomaría implementar el fracking en Santander?
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Del intercambio histórico a la crisis de reservas
El gasoducto Antonio Ricaurte, inaugurado en 2007 como el emblema de la «integración transcaribeña», cuenta con una extensión de 225 kilómetros, de los cuales 88 atraviesan suelo colombiano. Originalmente, su propósito era exportar excedentes de gas desde los campos de La Guajira hacia la zona del lago de Maracaibo, con la promesa de que, en un futuro, el flujo se invirtiera para abastecer a Colombia.
No obstante, factores políticos y técnicos impidieron que este intercambio bidireccional se materializara, dejando la infraestructura a merced del deterioro y el saqueo de piezas. Siga informado: Alertan sobre déficit de gas para 2026: ¿Cuáles son las salidas?
Expertos del sector energético, como Sergio Cabrales, han advertido que el estado actual de la tubería es precario debido a la falta de mantenimiento sistemático. Sin embargo, el panorama legislativo en el país vecino ha cambiado recientemente; la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela busca incentivar la inversión extranjera y el arbitraje internacional, facilitando que Colombia pueda importar gas para mitigar la caída de sus reservas internas, las cuales se estima que alcanzarían para aproximadamente seis años más.
En un contexto donde la demanda energética nacional continúa en ascenso, la rehabilitación de este activo binacional se perfila como una de las soluciones más viables para evitar un posible déficit de suministro en el mediano plazo, consolidando así una estrategia de soberanía energética compartida.
