El ingeniero publicó información confidencial de sistemas militares que dejó expuesta la infraestructura tecnológica de defensa.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena de 72 meses de prisión contra Luis Alberto Luengas Calle, ingeniero contratista que publicó en internet un archivo con información confidencial de los sistemas tecnológicos de la Fuerza Aérea Colombiana, dejando expuesta la infraestructura de defensa del país ante posibles ciberataques. Lea también: ¿Zulma Guzmán, una asesina serial? Revelan otro envenenamiento con talio en Bogotá
¿Cómo ocurrió la filtración de información de la Fuerza Aérea?
La historia comenzó entre 2018 y 2019, cuando la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá subcontrató a la firma Ona Systems S.A.S. para instalar herramientas de ciberseguridad en la Fuerza Aérea. Esa empresa designó a Luengas Calle como ingeniero de soporte, cargo que le dio acceso a información de alto nivel de confidencialidad sobre la infraestructura tecnológica de la institución.
Con ese acceso, el contratista recopiló los datos en un solo archivo denominado “Estaciones de trabajo Fac”, que contenía más de cinco mil registros con nombres de equipos, usuarios, sistemas operativos y direcciones IP de los radares, de altos mandos y del Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea.
En octubre de 2018, Luengas Calle publicó ese archivo en los portales de acceso libre Scribd y Edoc, desde un usuario identificado como “Alberto Calle”. Durante el juicio oral se demostró que el documento registró 14 descargas y 108 visualizaciones en la red.
Sentencia del magistrado Gerson Chaverra @CorteSupremaJ confirma condena por el delito de espionaje contra Luis Alberto Luengas Calle. En un contrato de ciberseguridad, firmado bajo confidencialidad, puso en riesgo información secreta de la @FuerzaAereaCol@30diasco pic.twitter.com/6H5KpWlpag
— José Granados Fdz. (@JoseGranadosF) March 17, 2026
La magnitud del daño
El nivel de exposición fue tal que los propios militares lograron evadir los filtros de seguridad institucionales durante una prueba de concepto realizada para dimensionar el alcance del daño. La filtración obligó al Estado a realizar millonarias inversiones para mitigar sus efectos.
El mayor Juan Manuel Rodríguez López explicó ante el tribunal que la información divulgada estaba directamente relacionada con la seguridad nacional, pues a partir de ella era posible elaborar un diagrama de red que permitiera determinar la ubicación exacta de los sistemas. Agregó que ese panorama era suficiente para que cualquier atacante informático pudiera vulnerar los sistemas de la Fuerza, comprometiendo la defensa del Estado.
El general en retiro Henry Quintero Barrios precisó que los radares constituyen el sistema de alerta temprana frente a incursiones aéreas, y que el Centro de Comando es el núcleo operativo de la institución. Comprometer ese componente, advirtió, ponía en riesgo la seguridad del país tanto en su dimensión civil como militar.
La defensa y el fallo contra Luis Alberto Luengas Calle
La defensa argumentó que los datos por sí solos no eran suficientes para estructurar un ciberataque y que no se probó la entrega del material a un país enemigo. La Corte Suprema desestimó ambos argumentos. El tribunal determinó que la legislación vigente castiga el simple riesgo a la seguridad del Estado, sin que sea necesario demostrar la existencia de un destinatario específico de la filtración.
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El fallo concluyó que Luengas Calle actuó con dolo, al violar de manera consciente la cláusula de confidencialidad que suscribió al asumir su cargo como contratista. La condena de 72 meses de prisión por el delito de espionaje queda así en firme.
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