Fiscalías en Nueva York analizan posibles nexos con narcotráfico mientras crece la presión política en Colombia.
El mandatario colombiano enfrenta simultáneamente una investigación federal en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico y una pugna interna con la Fiscalía General por aclarar posibles manipulaciones al software electoral desde 2014.
Colombia afronta una de las semanas más complejas de los últimos años en materia política y judicial. Con las elecciones presidenciales a poco más de dos meses de distancia y la relación bilateral con Washington en un punto crítico, Gustavo Petro se encuentra en el centro de dos tormentas que se alimentan mutuamente y que amenazan con marcar la agenda pública durante las semanas que restan de su mandato.
Las dos crisis que sortea Gustavo Petro
Dos asuntos de naturaleza muy distinta confluyen en este momento. Por un lado, una revelación periodística de alcance internacional coloca al jefe de Estado colombiano en la mira de la justicia federal de Estados Unidos.
Por otro, desde la propia Casa de Nariño se libra una batalla institucional contra la Fiscalía General de la Nación, con el foco puesto en el sistema informático que procesará los votos de más de 41 millones de colombianos el próximo 31 de mayo.
La relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia ha atravesado varias tensiones desde enero de 2025, tras comenzar el segundo mandato del presidente Donald Trump, que dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el mandatario colombiano. Además: Gustavo Petro defiende a Ricardo Roa pese a imputación: aumenta presión para salida de Ecopetrol
La investigación en Nueva York que sacudió la relación bilateral
Fue el diario The New York Times el que encendió la mecha. El rotativo neoyorquino reveló, con base en testimonios de tres personas familiarizadas con el asunto, que al menos dos fiscalías federales en Nueva York, las de Manhattan y Brooklyn, adelantan pesquisas sobre el presidente colombiano en relación con el narcotráfico.
Las investigaciones estarían a cargo de fiscales especializados en tráfico internacional de narcóticos, con el apoyo de agentes de la DEA y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional. Le puede interesar: Medicina Legal desmiente a Petro: no hay 27 cuerpos calcinados en Nariño
Según el periódico, los investigadores analizan si Petro sostuvo reuniones con narcotraficantes y si su campaña presidencial pudo haber recibido financiación de esas redes criminales. El diario aclara que las pesquisas se encuentran en fase inicial, que no existe acusación formal y que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya ordenado o favorecido el inicio de estas diligencias.
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“Narcotraficante”, lo llamó Trump en una de sus críticas más recientes, aunque semanas después lo recibió en la Casa Blanca en un encuentro cerrado a la prensa.
Los momentos de mayor tensión en la relación bilateral
El contexto geopolítico en el que emerge esta revelación no es menor. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han atravesado una zona de alta turbulencia desde comienzos de 2025, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con connacionales deportados, alegando que eran transportados en condiciones inhumanas.
La respuesta del presidente Donald Trump fue inmediata y llegó en forma de amenaza arancelaria y sanciones económicas contra Bogotá. Le puede interesar: Más de 400 defensores fueron asesinados en Colombia en cuatro años, según la ONU
Las tensiones continuaron a lo largo de ese año, especialmente por las diferencias en el enfoque de la lucha antidrogas, lo que llevó a la descertificación de Colombia en esta materia y a la imposición de sanciones individuales contra funcionarios del Gobierno colombiano, incluido el propio Petro.
En septiembre de 2025, Washington revocó el visado al mandatario tras su participación en un acto en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, en el que instó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes de su gobierno en relación con la guerra en Gaza. No obstante, a comienzos de esta semana Petro informó que su visa fue reactivada hasta el término de su mandato, el próximo 7 de agosto.
La distensión entre ambos gobiernos comenzó a perfilarse tras una llamada entre Petro y Trump a principios de enero, que abrió el camino a reuniones de alto nivel y al encuentro bilateral celebrado el 3 de febrero.
Ese acercamiento diplomático hace aún más difícil leer el alcance real de las investigaciones reveladas por el diario estadounidense, que también señala que Trump podría valerse de su existencia como instrumento de presión sobre Bogotá, en un momento en que Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína.
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El caso colombiano, subraya The New York Times, se inscribe en un patrón más amplio de uso de herramientas judiciales dentro de la política exterior estadounidense. El precedente más cercano es Venezuela, donde una operación militar derivó en la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico. En paralelo, Washington abrió investigaciones contra la cúpula cubana por delitos relacionados con drogas, inmigración y crimen económico.
Gustavo Petro cuestiona el sistema electoral por uso de software
Petro presiona a la Fiscalía por el software electoral. Al mismo tiempo que la revelación del Times recorría los titulares de medio mundo, desde la Casa de Nariño se libraba otro combate, este de naturaleza institucional.
Petro remitió a la fiscal general Luz Adriana Camargo un documento de 12 páginas que contiene 11 preguntas formales sobre el estado de las investigaciones relacionadas con posibles alteraciones al software de escrutinio utilizado en las elecciones al Senado de 2014.
El punto de partida de la petición presidencial es una sentencia del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2018, que estableció con precisión que el software empleado en los escrutinios de ese año presentó 4.150 registros alterados en 2.012 mesas de votación. Siga informado: Consejo de seguridad urgente ante las amenazas de Iván Mordisco contra la ONU y la OEA
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A pocos meses de elecciones presidenciales Petro habla de irregularidades del 2014
Un informe pericial elaborado en 2017 por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía concluyó que resultaba técnicamente imposible determinar si el sistema fue manipulado, debido a que el software original no había sido preservado.
Los archivos fuente fueron eliminados por la contratista ASD, filial de la firma Thomas Greg and Sons, y los registros digitalizados exhibían nueve tipos de anomalías. La misma sentencia ordenó excluir 236.523 votos del Movimiento Mira y declaró la anulación de tres curules senatoriales.
Petro fundamenta su intervención en los artículos 23, 74, 189 y 250 de la Constitución, que consagran el derecho de petición, el acceso a la información pública y la obligación de la Fiscalía de investigar hechos con características de delito cuando lleguen a su conocimiento por cualquier medio idóneo.
Petro sostiene que su responsabilidad no es discrecional, sino una obligación de control, y advierte que la inminencia de las elecciones del 31 de mayo hace urgente conocer el estado de esas investigaciones. En la carta enviada a Camargo, el mandatario señaló que el resultado de las pesquisas permanece desconocido para la ciudadanía en vísperas de unas elecciones presidenciales.
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La gravedad del asunto se profundiza cuando el documento presidencial expone que los patrones de alteración detectados en 2014 no habrían sido un episodio aislado. Según la petición, anomalías similares entre registros digitales y actas físicas de los jurados han sido documentadas oficialmente en varios ciclos electorales recientes. Para seguir informado: Estados Unidos advierte sobre disidencias de las Farc y Eln en informe global de amenazas
Algunos de los casos registrados
En Pereira, Risaralda, la Comisión Escrutadora Municipal reconoció en resoluciones administrativas de 2022 que el sistema marcó cero en registros digitales pese a existir votos físicamente consignados para el Pacto Histórico, y debieron restituirse curules tras la confrontación manual.
En Medellín, la Misión de Observación Electoral reportó en 2026 que en la Mesa 002 del Estadio Anastasio Girardot se registró una diferencia de 33 votos reales en papel que no aparecieron en el conteo digital.
El derecho de petición exige a la Fiscalía precisar si recibió la compulsa de copias ordenada por el Consejo de Estado, cuándo lo hizo y a cargo de quién, si abrió investigación formal, cuál es su estado actual y si ha extendido sus pesquisas a los ciclos electorales de 2018, 2019, 2022 y 2026, todos operados sucesivamente por ASD y Thomas Greg and Sons.
Petro también pregunta explícitamente si la eliminación del código fuente por parte del contratista fue considerada en sí misma como una conducta punible o si fue asumida como un obstáculo insalvable.
El mandatario solicita una respuesta formal dentro del plazo legal de quince días hábiles, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, y advierte que el silencio administrativo negativo operaría transcurrido ese término, habilitando la acción judicial correspondiente.
Indica además que la falta de transparencia sobre el asunto puede configurar, según el Código Disciplinario Único, una falta grave por omisión de deber. Además: Petro defendió a Cepeda en controversia por Antioquia: “cayó la plaga del narcoparamilitarismo”
Colombia se aproxima a los comicios presidenciales del 31 de mayo de 2026 con dos interrogantes de fondo sin respuesta. El primero tiene que ver con la solidez jurídica de la infraestructura electoral que procesará los votos de millones de ciudadanos. El segundo, con las implicaciones que una investigación federal en Estados Unidos podría tener sobre la estabilidad política interna y el equilibrio de fuerzas en la carrera presidencial que ya está en marcha.
