El Ejecutivo desmiente noticias falsas sobre impunidad. Se mantienen los compromisos para desarticular economías ilícitas y reducir violencia local.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La oficina del Consejero Comisionado de Paz rechazó este martes las versiones que asocian la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026 con la excarcelación de los 23 voceros de estructuras armadas del crimen organizado de Medellín. cobijados por la medida.
Precisó que la suspensión de sus órdenes de captura busca exclusivamente generar condiciones jurídicas para que estos continúen participando en la construcción del Acuerdo Condicionado de Paz Urbana en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico.
“De ninguna manera esta resolución implica la excarcelación de los voceros de las EAOCAl en el proceso de Paz Urbana. Cualquier versión que asegure esto implica una grave e irresponsable desinformación”, señaló la Oficina del Consejero de Paz.
La Fiscalía expidió la Resolución 00072 el 27 de marzo de 2026, suspendiendo las órdenes de captura de 23 cabecillas del crimen organizado de Medellín, vinculados a las negociaciones de paz con el Gobierno.
La medida tiene una vigencia inicial de seis meses y beneficia tanto a voceros recluidos en la cárcel de Itagüí como a siete líderes que recuperaron su libertad tras cumplir sus condenas.
De acuerdo con la información revelada por El Colombiano, la suspensión obedeció a una solicitud directa del Gobierno para facilitar los acercamientos en la mesa de negociación. La Fiscalía indicó en el texto de la resolución que la decisión “se centra en destacar los avances del Espacio de Conversación Sociojurídico en la Cárcel de Itagüí desde el 2 de junio de 2023”.
Añadió que la determinación “no implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios o carcelarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales, aspecto que no es de competencia de la Fiscalía”.
El documento oficial precisó además que la Consejería solicitó el beneficio porque, según el texto, “resalta la implementación progresiva de objetivos orientados a la desarticulación de estructuras armadas, la transformación de economías ilícitas y la reducción gradual de violencias urbanas”. La entidad determinó que la medida podrá prorrogarse según los avances de la mesa y las solicitudes del Ejecutivo.
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La lista de los hombres cobijados por la resolución incluyó a Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, y Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo.
En el registro también figuraron Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado; Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, y Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya.
El grupo lo completaron Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”; Juan Fernando Álvarez, alias “Juan 23”; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias “El Abogado”; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias “El Compa”; Paulo Andrés Torres Flórez, alias “Pocho”; Rodrigo Henao Acevedo, alias “Perica”; Sebastián Murillo Echeverri, alias “Lindolfo”, y Walter Alonso Román Jiménez, alias “El Tigre”.
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Siete de los hombres mencionados en la resolución recuperaron la libertad en los últimos dos años, tras cumplir sus condenas, lapso durante el cual participaron en los acercamientos de paz. Este grupo estuvo conformado por Gustavo Adolfo Pérez Peña, Albert Antonio Henao Acevedo, Andrés D’maría Oliveros Correa, Jhon Fredy Yepes Hoyos, Mauricio de Jesús Morales Múnera, Fredy Alexánder Henao Arias y Rodrigo Henao Acevedo.
Algunos de estos ex convictos salieron de Colombia por motivos personales, sin que los documentos oficiales reportaran las funciones específicas que cumplen para el proceso en el Valle de Aburrá desde el exterior.
La Consejería recordó que estas decisiones se toman en el marco de la Ley 2272 de 2022, que establece la paz como una política de Estado. La dependencia señaló que la reducción de la tasa de homicidios en Medellín y el Valle de Aburrá, durante los dos últimos años es “una clara muestra de resultados en esta vía”
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