La posible reactivación de la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, jefe de las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, se ha convertido en un punto de máxima tensión entre la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional. El debate surge en medio de fuertes cuestionamientos por su permanencia en la mesa de diálogo, a pesar de las nuevas evidencias sobre su presunta actividad criminal. Mientras la fiscal general, Luz Adriana Camargo, advirtió que existen elementos suficientes para reconsiderar los beneficios judiciales otorgados al jefe disidente, el Gobierno mantiene la suspensión de su orden de captura bajo el amparo de la política de ‘Paz Total’. Esta situación deja la decisión final en manos del presidente, Gustavo Petro. Camargo insiste en que la continuidad de acciones criminales por parte de alias ‘Calarcá’ es incompatible con su condición de vocero de paz. En declaraciones a la prensa, la Fiscal advirtió que estos hechos “abren la puerta” para reactivar la orden de captura, enfatizando que los beneficios jurídicos dependen estrictamente del cumplimiento de compromisos verificables, como el cese total de actividades delictivas. Incluso, el ente acusador ya puso en conocimiento del Ejecutivo estos hallazgos y mantiene un “compás de espera”, el cual podría agotarse en los próximos días. De no haber una decisión gubernamental, la Fiscalía ha dejado entrever que podría avanzar de manera autónoma en la reactivación del requerimiento judicial. Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, también reconoció la gravedad del caso y coincidió en que “Calarcá” debe ser detenido. “A ‘Calarcá’ hay que capturarlo. Es un criminal que está delinquiendo. Eso no se puede tolerar”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa en declaraciones a Caracol Radio. Sin embargo, el funcionario explicó que la Fuerza Pública no puede proceder libremente debido a que la orden de captura está suspendida legalmente. “En este momento no lo están buscando porque la orden de captura está suspendida, pero si lo encontramos en flagrancia debemos capturarlo”, precisó el ministro, aclarando que el levantamiento de dicha suspensión no depende del sector Defensa. “El levantamiento de la orden de captura debe venir como solicitud de quien dirige la mesa de negociación (…) y el Presidente analiza todo lo correspondiente”, apuntó el funcionario. El punto central del debate radica en la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de ‘Paz Total’, que permite suspender órdenes de captura contra integrantes de grupos armados para facilitar los diálogos. En ese marco, “Calarcá” fue designado como vocero, lo que implicó la suspensión de su orden judicial. Esta figura no elimina las investigaciones en su contra, pero sí limita la acción de las autoridades mientras el proceso se mantenga vigente. Como explicó el Ministro, la ley “da espacios de diálogo” y las decisiones que se adopten en esas mesas “orientan el actuar de la Fuerza Pública”. Esto significa que, aunque existan nuevas pruebas, la captura solo puede reactivarse si el Gobierno decide levantar el beneficio o si se rompe definitivamente el proceso de paz. Mientras tanto, la tensión aumenta: la Fiscalía advierte que el cabecilla habría seguido delinquiendo —lo que anularía sus beneficios—, mientras el Gobierno mantiene abierta la mesa de diálogo pese a las dudas sobre la voluntad real del grupo armado.