La Alcaldía de San Gil ha argumentado que la reorganización de Acuasan responde a la necesidad de fortalecer la empresa, enfrentando las dificultades económicas que deja el servicio de aseo por la pérdida de usuarios. Desde distintos sectores han comenzado a cuestionarse las cifras presentadas y la manera como se han interpretado los estados financieros.
Publicado por: Jorge Rios
La decisión de Acuasan de ceder 7.200 usuarios del servicio de aseo a un operador privado no solo generó críticas por el impacto que tendrá sobre la empresa de servicios públicos de San Gil. También abrió una discusión más profunda: ¿Cuál es realmente la situación financiera de la compañía?
Mientras la administración ha argumentado que la reorganización responde a la necesidad de fortalecer la empresa, enfrentando las dificultades económicas que deja el servicio de aseo por la pérdida de usuarios, desde distintos sectores han comenzado a cuestionarse las cifras presentadas y la manera como se han interpretado los estados financieros.
Acuasan se quedó con 5.200 usuarios, que representan el 22,2 % del total existente en San Gil.
Ante este escenario, aumenta la presión para que una entidad independiente realice una auditoría forense que permita establecer con claridad qué está ocurriendo, una petición que se hizo desde el Concejo Municipal en mayo de este año. Precisamente, Acuasan tendrá que ir nuevamente al cabildo en los próximos días para seguir respondiendo a las dudas de los corporados.
Las cifras de Acuasan que generan dudas
El exalcalde de San Gil, Hermes Ortiz, respondió a los señalamientos por el presunto mal manejo contable de la empresa en años anteriores y aseguró que los informes reportados ante la Contaduría General de la Nación muestran resultados diferentes a los expuestos para justificar algunas de las decisiones recientes.
Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa corresponde al servicio de aseo. Según su interpretación de la información que estaría registrada en el CHIP de la Contaduría correspondiente al segundo trimestre de 2026, Acuasan reportó ingresos por el servicio de aseo de $2.362 millones y costos de venta por $2.124 millones, lo que representaría un resultado positivo cercano a $238 millones.
La cifra contrasta con la explicación entregada por la empresa para justificar la salida de miles de usuarios del servicio, según la cual este componente estaría generando pérdidas superiores a los $100 millones mensuales en lo que va de 2026.
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Para Ortiz, esta diferencia debe ser aclarada técnicamente y no puede resolverse únicamente mediante declaraciones públicas.
A esto se suma la discusión sobre la evolución de los resultados financieros de la empresa. El exmandatario sostiene que durante varios años Acuasan registró utilidades contables y que el deterioro de algunos indicadores se hizo evidente durante las últimas vigencias.
En este sentido, vale resaltar que, según los informes anuales subidos a la página de la Contaduría General de la Nación, la empresa venía generando rendimientos positivos desde 2016 y en 2024 y 2025 la situación cambió drásticamente.
Edgar Orlando Pinzón, alcalde sangileño, ha denunciado un presunto mal manejo contable, aunque no ha presentado informes que corroboren sus denuncias. Mientras la gerencia de la empresa sigue defendiendo la decisión de ceder los usuarios y gran parte de las zonas de operación del aseo como una medida de fortalecimiento.
En entrevista con Telesangil, Diana Patricia Rojas, gerente de Acuasan, expresó que las declaraciones del exalcalde fueron desafortunadas y confirmó el déficit en el componente de aseo, descartando la validez de la información que pone en duda las cifras de la empresa.
Ortiz cuestionó el manejo del déficit presupuestal, los incrementos en los contratos de prestación de servicios, el aumento de la nómina, los pagos de intereses moratorios en diferentes obligaciones por no cancelar a tiempo y el manejo del alumbrado público.
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El exmandatario fue más allá y dijo que, de continuar así, la empresa terminará intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, privatizada o en quiebra.
Acuasan: una empresa que necesita respuestas
El veedor ciudadano Ramiro Wandurraga consideró necesario revisar a fondo las cuentas de la empresa y sostuvo que una auditoría forense permitiría determinar si existe realmente el déficit que se ha planteado y cuáles son sus causas.
La misma solicitud fue planteada por Julián Sánchez Ríos, defensor de los derechos ambientales e integrante del Colectivo Popular Guane, quien señaló que la falta de información clara ha aumentado la desconfianza alrededor de las decisiones adoptadas.
“Se requiere una auditoría forense”, afirmó Sánchez, al señalar que esta petición también ha sido planteada desde organizaciones sindicales, veedurías y otros sectores ciudadanos.
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Su preocupación va más allá de las cifras. Considera que el debilitamiento de Acuasan podría terminar reduciendo la capacidad de la empresa pública para competir en la prestación de servicios y, eventualmente, abrir el camino hacia una mayor participación privada, es decir, la privatización de los servicios públicos.
Raúl Gómez Quintero, reconocido dirigente sangileño, calificó como delicada la situación de Acuasan y señaló que está en juego una empresa fundamental para la economía del municipio.
Ante las dudas existentes, consideró conveniente que una tercera entidad revise las cuentas y entregue un concepto independiente que permita conocer cuál es la verdadera situación de la empresa.
Ese es precisamente el punto que comienza a ganar fuerza en medio de la controversia, porque las cifras necesitan ser verificadas.
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Una auditoría forense, realizada por una entidad externa con experiencia y garantías de independencia, podría revisar los estados financieros, contratos, obligaciones, ingresos, costos, gastos de personal, cuentas por pagar y demás componentes que permitan establecer las causas reales del deterioro financiero. Esto si esta crisis efectivamente existe, pues algunos incluso lo están poniendo en duda.
